La Municipalidad de San Esteban, en la región de Valparaíso, busca recuperar más de $171 millones. Estos fondos están vinculados a irregularidades detectadas en el servicio de extracción de residuos, conocido como caso “Limpiafosas”, tras el veredicto condenatorio dictado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Andes.
La investigación reveló que la empresa Sociedad de Ingeniería y Transportes SITA Limitada fue parte de una trama de fraude al Fisco. La representante de la compañía, Pamela Donoso González, fue declarada culpable por fraude al Fisco y uso malicioso de instrumento público falso.
También se condenó por fraude al Fisco a quien fuera el encargado de adquisiciones del municipio y llegó a ejercer como alcalde subrogante durante la administración de René Mardones. Los contratos fraudulentos se ejecutaron entre 2018 y 2021.
La Contraloría identificó un sobrepago de más de $171 millones. Las irregularidades incluyeron diferencias en la capacidad informada de los camiones, pagos sin respaldo y cobros duplicados en los servicios prestados.
El actual alcalde de San Esteban, Christian Ortega, celebró el fallo judicial. Afirmó que, además de las acciones penales, la administración continuará con un juicio civil para la restitución de los recursos. Actualmente, mantienen cerca de $70 millones retenidos del contrato desde 2021.
Estamos esperando ya el veredicto, el día 17 donde se va a dar la sentencia ya luego también seguimos con el juicio civil porque lo que finalmente buscamos es que los más de 170 millones de pesos puedan ser restituidos al municipio.
El abogado penalista Ariel Manríquez explicó que el veredicto penal establece la responsabilidad, pero la recuperación del dinero requiere mecanismos adicionales. El municipio, como víctima y querellante, puede interponer acciones para la restitución o reparación del daño económico.
Manríquez añadió que, además de lo civil, se puede solicitar “el comiso de los bienes o las ganancias provenientes del delito. Por eso, una pena penal no debiera ser el punto final”. La audiencia para la lectura de sentencia está fijada para el 17 de agosto.
La Fiscalía Local de Los Andes lideró la investigación y acusación, mientras que la Dirección Jurídica de la Municipalidad de San Esteban actuó como querellante. Este fallo marca un hito en la lucha contra la corrupción local, pero el camino para recuperar los fondos aún continúa en los tribunales civiles.
