La oposición comenzó a definir su estrategia frente a la propuesta de seguridad presentada por el presidente José Antonio Kast, mostrando una disposición inicial al diálogo y a la búsqueda de acuerdos. Sin embargo, ya surgieron las primeras críticas al planteamiento del Gobierno.
Las principales objeciones se centran en dos puntos clave: la reiteración de medidas ya existentes o en trámite legislativo y la ausencia de herramientas que, según la oposición, son fundamentales para desmantelar a las organizaciones criminales.
Diversas voces del sector opositor señalaron que gran parte de las iniciativas anunciadas ya se están procesando en el Congreso. El diputado Nelson Venegas (PS) ejemplificó esta situación.
Por ejemplo, el de la legítima defensa protegida ya es ley. Es la referida Ley Nain-Retamal. El tema de la flagrancia también ya está en tramitación o, por ejemplo, el proyecto de Barrios Protegidos es lo mismo que Calles Sin Violencia, que ofrece un plan de intervención.
Un punto de consenso primordial entre los partidos de oposición es la omisión del levantamiento del secreto bancario. Consideran que sin esta medida, será casi imposible seguir el rastro del dinero y, por ende, debilitar la estructura financiera del crimen organizado, incluyendo los recursos derivados del narcotráfico y otros delitos.
El diputado y líder del PPD, Raúl Soto, enfatizó esta carencia:
El gran ausente de la megarreforma de seguridad es el alzamiento del secreto bancario. No se puede perseguir la ruta del dinero, no se puede atacar el corazón del crimen organizado si es que no debilitamos su poder económico y para eso es necesario el alzamiento del secreto bancario.
Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, criticó la falta de propuestas para el control de armas, el fortalecimiento de la supervisión portuaria, la persecución de flujos financieros ilícitos y el combate a la corrupción. Urrutia advirtió sobre el riesgo de generar expectativas sin resultados concretos.
Sin golpear el corazón financiero y la logística del crimen organizado, los anuncios pueden generar expectativas que no den resultados. Ojalá el Gobierno escuche, porque nosotros estamos disponibles a legislar, pero a legislar bien.
De esta forma, la oposición se prepara para su ofensiva legislativa, buscando instalar que una verdadera estrategia de seguridad no solo implica nuevas sanciones, sino también instrumentos efectivos para cortar el financiamiento de las bandas criminales. Además, el sector busca una postura unificada para evitar los problemas de coordinación que se vieron en la discusión de la reforma económica anterior.
