El exministro de Economía y de Hacienda del gobierno anterior, Nicolás Grau, ha cuestionado duramente la megarreforma tributaria propuesta por el presidente José Antonio Kast. Durante su reciente incorporación como director del centro de pensamiento Rumbo Colectivo, Grau criticó tanto el contenido como la tramitación del proyecto.
Según el exsecretario de Estado, la iniciativa provocará un significativo deterioro de las finanzas públicas, lo que impactará negativamente en el gasto social. Además, advirtió que la reforma incluye medidas que, a su juicio, favorecen principalmente a los sectores de más alto ingreso del país.
Grau enfatizó que esta propuesta rompe con una tradición histórica en Chile respecto a la aprobación de reformas tributarias.
Esta es la primera reforma tributaria que se hace sin acuerdo. Desde el 90 a la fecha se han hecho distintas reformas en gobiernos de derecha, de izquierda, de centro-izquierda, y nunca había habido una reforma sin acuerdo. No hubo disposición a una comisión técnica de expertos y expertas. Esto es totalmente nuevo en nuestra forma de tramitar reformas tributarias.
En relación al contenido, el exministro aseguró que la reforma representa una transferencia de recursos hacia los segmentos de la población con mayores ingresos. Calificó la propuesta como «totalmente extrema en nuestra tradición: una transferencia gigante a los sectores de más alto ingreso del país».
También criticó la reducción de impuestos a las empresas sin una compensación fiscal, a pesar de que figuras incluso de derecha, como el exministro Ignacio Briones, habían señalado la importancia de dicha compensación para promover el crecimiento.
Si lo que buscaba era generar condiciones para crecer, el hecho de no compensar no es solo un problema para las finanzas públicas, sino que también es un problema para el crecimiento.
El exministro también apuntó a la eliminación del impuesto a las ganancias de capital y la creación de mecanismos que permitirían adelantar herencias para eludir el pago de tributos correspondientes. Sobre esto, Grau se preguntó: «¿qué tiene que ver eso con la reconstrucción? ¿Y qué tiene que ver eso con el crecimiento?».
Otro punto de preocupación para Grau es el impacto que la reforma tendría en el gasto social, especialmente en el presupuesto de salud. Recordó que, en el gobierno anterior, el presupuesto de salud aumentaba anualmente en cerca de mil millones de dólares, una situación que, según él, no podrá replicarse con el nuevo escenario fiscal. Explicó que la salud es vulnerable porque su financiamiento no es una obligación legal, a diferencia de otros beneficios como la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Finalmente, Grau criticó la propuesta del Ejecutivo de eliminar el tope a las contribuciones para adultos mayores, considerándola una medida regresiva. Afirmó que incluso economistas de derecha, como Klaus Schmidt-Hebbel, han sostenido que las personas de alto ingreso deben pagar sus contribuciones, lo que sugiere que esta iniciativa desviaría recursos de los más necesitados a los sectores más privilegiados.
