La reciente polémica por los comentarios de un exasesor parlamentario, quien se mofó de niños con trastorno del espectro autista (TEA), provocó una reacción social masiva en el país. Las redes sociales se encendieron, los medios de comunicación cubrieron el hecho extensamente y la condena pública fue casi unánime. Esta fuerte respuesta es adecuada, ya que la responsabilidad por las palabras es fundamental, especialmente cuando atentan contra la dignidad ajena. La libertad de expresión, en ningún caso, debe confundirse con impunidad moral. Quien busca herir deliberadamente o ridiculizar el sufrimiento infantil merece el reproche social.
Sin embargo, surge una interrogante crítica: ¿por qué esta misma vehemencia no se manifiesta ante delitos de mucha mayor gravedad? Durante años, el país ha sido testigo de innumerables investigaciones periodísticas, informes oficiales y procesos judiciales que evidencian serias vulneraciones de los derechos de niños bajo protección estatal. Casos de abuso, explotación sexual, violencia y abandono han emergido repetidamente, tanto bajo la administración del antiguo Sename como en las instituciones que lo sucedieron. Estas situaciones no son meras ofensas morales, sino crímenes tipificados en el Código Penal.
Resulta llamativo que, frente a estas atroces conductas, la movilización social rara vez alcance la magnitud observada tras las declaraciones del exasesor. Aunque no hay justificación para sus expresiones, la fluctuación de la indignación pública es preocupante. ¿Hasta cuándo se permitirá que el ciclo noticioso desplace la atención de tragedias estructurales, impidiendo acciones firmes y rápidas para proteger a los niños institucionalizados?
No se trata de minimizar el daño de las palabras. Pero, si la reacción es más enérgica ante una ofensa verbal que ante hechos que constituyen crímenes capaces de destruir la vida de un niño, es momento de cuestionar la dirección de nuestra indignación. Este fenómeno recuerda a los juicios de Salem, un episodio histórico donde la condena social desmedida condujo a sanciones irracionales, actuando de forma instintiva y sin reflexión.
Salvando las proporciones, el riesgo actual es similar: convertir la indignación pública en un fenómeno inmediato, intenso y masivo, mientras las verdaderas tragedias estructurales persisten. La lección de este episodio podría ir más allá de las consecuencias de las palabras. Si la sociedad es capaz de reaccionar con tal energía ante expresiones ofensivas, esa misma fuerza debería emplearse para exigir al Estado y a las autoridades que persigan implacablemente a quienes abusan, explotan o destruyen la infancia. Una palabra puede causar dolor, pero los crímenes contra los niños pueden destrozar sus vidas para siempre.
