El Gobierno de José Antonio Kast ha puesto sobre la mesa la reformulación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la concesión de indultos presidenciales, dos promesas centrales de su campaña electoral. Si bien el entonces candidato había manifestado una postura radical sobre el INDH, llegando a sugerir su cierre, la administración actual ha moderado su discurso.
En el ámbito de los indultos, aunque se mantiene como una prerrogativa presidencial, el Ejecutivo indica que su uso se evaluará según la pertinencia. En relación con el INDH, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, confirmó a La Radio que el Gobierno está elaborando un anteproyecto de ley para su reforma, aunque no se han precisado plazos para su presentación.
Este anuncio ha generado diversas reacciones. Desde Renovación Nacional, la diputada Ximena Ossandón recordó que su partido ya había presentado propuestas para reformar el organismo. “Esa labor debe ejercerse con objetividad, sin sesgo ideológico y con estándares claros de transparencia. Ojalá así lo entienda el Ejecutivo y no se aferre a sus promesas de campaña y termine trabajando sobre nuestras propuestas”, enfatizó Ossandón, sugiriendo que el Gobierno debería considerar las iniciativas ya existentes.
Por su parte, la senadora del Partido por la Democracia e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Loreto Carvajal, expresó su rechazo a la clausura del INDH. “Pero una cosa es impulsar una modernización seria y otra, súper distinta, es aprovechar esta discusión para introducir por la puerta trasera una reforma que termine desmantelando la institución, porque es evidente que hay una animadversión de algunos sectores del gobierno hacia ellos, así que esperamos que haya la disposición para hacer los cambios sustantivos con el apoyo del Ejecutivo en el seno de la Comisión de Derechos Humanos”, declaró Carvajal, evidenciando la preocupación por un posible desmantelamiento.
Mientras tanto, la promesa de los indultos presidenciales sigue pendiente. La diputada comunista Lorena Pizarro advirtió sobre presiones desde la derecha para concretarlos. “Me parece que hay muchas promesas que este gobierno no ha cumplido y creo que una de las más complicadas, y que hay presiones de parte de la extrema derecha para que lo cumpla, precisamente es este tema: indultar a los genocidas de la dictadura, indultar a los violadores de derechos humanos de la revuelta popular”, afirmó Pizarro, vinculando los indultos a figuras de la dictadura y de la revuelta.
La cautela del Gobierno en estos temas podría interpretarse como una estrategia para evitar fricciones con la oposición, especialmente en un momento clave como la discusión de la megareforma. Los derechos humanos son un asunto de alta sensibilidad política, lo que explicaría la prudencia del Ejecutivo en sus próximos pasos.
