La clausura de la investigación sobre la fallida adquisición de la casa del expresidente Salvador Allende, decretada este viernes por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, provocó una enérgica reacción del abogado querellante, Raimundo Palamara. El jurista denunció que el archivo de la causa deja sin sanción a los involucrados en la operación y criticó la actuación del fiscal Patricio Cooper al no perseverar en el caso.
“Con esto finalmente quedaron impunes todos quienes operaron en esta operación inconstitucional en que hubo un gasto fiscal humano con más de 50 funcionarios públicos que trabajaron en un contrato inviable que pretendía darle un negocio indefinido a la familia Allende a través de sus fundaciones”, afirmó Palamara.
El abogado indicó que, aunque la causa podría reabrirse, la intención del fiscal Cooper es no continuar con la investigación. Palamara señaló que el persecutor no calculó el daño fiscal provocado durante la gestión del contrato ni realizó un análisis adecuado de las pruebas presentadas. En este punto, el jurista recordó que asesores del Congreso de la exsenadora Isabel Allende reconocieron haber ejercido presión ante la Contraloría para obtener la aprobación del contrato de su propiedad.
Según Palamara, esto confirmó las declaraciones del exasesor presidencial Miguel Crispi, quien aseguró que la exsenadora presionó hasta al portero de Presidencia.
“No hubo estudio serio, no hubo objetividad, perdiendo nuevamente el pueblo de Chile frente a los poderosos de siempre”, enfatizó el abogado.
Cierre de la investigación: un mecanismo que «ata las manos» a los querellantes
Palamara concentró sus críticas en la decisión del fiscal Patricio Cooper de no perseverar. A su parecer, esta práctica se ha convertido en una estrategia que impide debatir el fondo del asunto, incluso cuando existen indicios de delito.
“Lamentablemente la decisión de no perseverar que tomó el fiscal Patricio Cooper se ha transformado en un mecanismo que deja a los querellantes con las manos atadas e impide que se discuta el fondo del asunto, si existió o no delito”, declaró.
El abogado explicó que, en la práctica, varios fiscales, incluido Cooper, han recurrido al cierre de investigaciones no formalizadas, impidiendo que la causa llegue a juicio y privando a los querellantes de presentar una acusación particular. El resultado, añadió, es que las investigaciones se archivan sin una resolución judicial sobre los hechos, mientras el plazo de prescripción continúa beneficiando a los imputados.
“Así, hechos con características de delitos terminan sin responsables y sin que exista una verdadera revisión por parte de los tribunales, lo cual ha sido avalado incluso por el Tribunal Constitucional, pese que la Constitución es clara en señalar que la Fiscalía solo tiene la exclusividad de la investigación, no de la persecución penal, la que corresponde también al querellante”, sostuvo.
Para Palamara, esta situación
“finalmente queda de letra muerta la Constitución, permitiendo cierres prematuros de causa por secretaría, por la sola decisión de un burócrata, un fiscal”
, sentenció, dejando abierta la cuestión sobre la efectividad de la justicia en casos que involucran a figuras de poder.
