La exministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert, ha lanzado una ofensiva administrativa contra la Contraloría General de la República (CGR). Esto ocurre después de que el organismo concluyera que Steinert actuó fuera de sus atribuciones al solicitar información reservada a la Policía de Investigaciones (PDI). La exautoridad busca anular el dictamen que calificó su requerimiento de información como improcedente y contrario a su deber de abstención.
Steinert presentó una solicitud de reconsideración de 24 páginas, a la que Radio Bío Bío tuvo acceso, dirigida a la entidad liderada por Dorothy Pérez. El objetivo es dejar sin efecto el Dictamen N° D344, que estableció que el Oficio Reservado N° 28 no se ajustaba a sus facultades y vulneraba su deber.
Esta controversia se inició al conocerse que Steinert pidió antecedentes sobre el traslado de funcionarios de una brigada especializada de la PDI. Dicha brigada participaba en una investigación de crimen organizado en Iquique, pesquisa que ella misma había liderado como fiscal regional antes de asumir su cargo ministerial. Contraloría dictaminó que este requerimiento excedía sus competencias y que debió haberse abstenido por su desempeño previo en el caso.
“El dictamen contiene errores de derecho”
El argumento central de la exministra es que Contraloría “invade la esfera del mérito” de una decisión administrativa, acción prohibida por ley para el órgano fiscalizador. Steinert sostiene que la CGR no identificó una infracción legal específica, sino que cuestionó el nivel de detalle de su solicitud. Afirma que el dictamen emitió un juicio sobre la conveniencia del requerimiento en lugar de su legalidad.
Uno de los pilares de su defensa se basa en la Ley N° 21.730, que creó el Ministerio de Seguridad Pública. Según la exministra, el artículo 3 de esta normativa la faculta expresamente para requerir antecedentes, incluso si son secretos o reservados, siempre bajo deber de confidencialidad. Por ello, asegura que su oficio fue emitido por conducto regular al Director General de la PDI y bajo carácter reservado, sin incurrir en ilegalidad. Acusa a Contraloría de omitir esta norma habilitante y de interpretar restrictivamente las nuevas facultades de su ministerio.
“Mi experiencia no era un conflicto de interés”
Otro punto crucial de la presentación aborda el reproche sobre el deber de abstención. Contraloría señaló que Steinert no debió intervenir por su pasado como fiscal regional de Tarapacá. La exministra rechaza esta conclusión, alegando que el dictamen no individualiza el “interés” que justificaría una inhabilidad. Sostiene que nunca hubo beneficio personal o patrimonial y que su experiencia como persecutora es un “título de idoneidad”, no un conflicto.
Para reforzar su posición, Steinert anexó la declaración del director general de la PDI, Eduardo Cerna, ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados. Cerna, según la exministra, confirmó el retiro del pref.
