Diez excolaboradores del exdiputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) rechazaron enérgicamente las acusaciones sobre solicitudes de “cuotas” de sueldo o instrucciones para manipular dispositivos electrónicos. A través de un comunicado al que accedió Bío Bío, los extrabajadores negaron cualquier vínculo con prácticas irregulares, desmintiendo las afirmaciones de su excolega, Evelyn Andrea Contreras Vergara, quien fuera jefa de gabinete del exparlamentario.
El documento subraya su
“más categórico rechazo a las declaraciones efectuadas por nuestra ex colega, doña Evelyn Andrea Contreras Vergara, ex jefa de gabinete, las que, desde nuestra vivencia profesional y personal, no comprendemos y no se ajustan a la realidad”
Los firmantes afirmaron no haber recibido indicaciones, ni del exdiputado Fuenzalida ni de terceros, para ceder parte de sus remuneraciones, práctica denunciada como «cuota».
Asimismo, el grupo de exfuncionarios desmintió rotundamente haber recibido instrucciones para destruir, desechar, ocultar o desaparecer teléfonos celulares u otros dispositivos. Esta negación se extiende a cualquier contexto, ya sea en relación con el «caso Lavín» o «cualquier otro procedimiento o investigación».
Los firmantes enfatizaron que ninguno de ellos fue testigo o destinatario de las conductas descritas por la exjefa de gabinete en diversos medios. Por ello, manifestaron su rechazo absoluto a cualquier imputación que «pretenda dañar nuestra reputación o vincularnos con este tipo de hechos».
A la fecha, el Ministerio Público no ha contactado a ninguno de los firmantes para tomar declaración. Sin embargo, todos manifestaron su plena disposición a colaborar y «entregar todos los antecedentes que nos sean requeridos» si la situación lo amerita.
Finalmente, las diez personas que suscriben el comunicado —entre ellos Verónica Cortes, Nicolás Godoy y Carolina Olivares— advirtieron que se reservan el derecho de iniciar acciones legales contra Evelyn Andrea Contreras Vergara por «faltar a la verdad y perjudicarnos gratuitamente», un paso que podría escalar esta disputa a los tribunales.
