Una declaración conjunta de académicos de diversas universidades del país, promovida por la Defensoría de la Niñez, ha encendido las alarmas en medio de la discusión legislativa. Los expertos advierten que el endurecimiento de las sanciones aplicadas a adolescentes infractores no solo carece de respaldo científico sobre su eficacia para reducir la delincuencia, sino que, en algunos escenarios, podría acentuar la reincidencia.
Este pronunciamiento se hizo público este martes, coincidiendo con el debate en la Sala del Senado sobre el proyecto que busca modificar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. El documento es categórico al afirmar que la evidencia disponible “no respalda que las medidas centradas exclusivamente en el endurecimiento de las sanciones, la disuasión o la rebaja de la edad de responsabilidad penal reduzcan la reincidencia” y subraya que, en ciertos casos, estas políticas “pueden incluso incrementarla”.
En contraposición, los especialistas enfatizan que las estrategias más exitosas son aquellas orientadas a la reinserción social. Esto incluye intervenciones terapéuticas, la implementación de programas socioeducativos y cognitivo-conductuales, la garantía de continuidad en la educación y el fortalecimiento de los entornos familiares y comunitarios de los jóvenes.
La declaración es fruto de un encuentro convocado por la Defensoría de la Niñez, que congregó a figuras clave en criminología, justicia juvenil, políticas públicas y derechos humanos. Entre las instituciones representadas figuran la Pontificia Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad Diego Portales y la Universidad de Concepción, consolidando un respaldo académico amplio.
Además de sentar su postura, los expertos han instado al Senado a establecer una mesa técnica. Esta instancia debería integrar evidencia especializada antes de proseguir con la tramitación de la iniciativa legal. Asimismo, señalan que el debate debe ir más allá del mero aumento de sanciones, abordando falencias estructurales del sistema. Mencionan la eficacia de las investigaciones penales, el elevado número de archivos provisionales, la necesidad de salidas judiciales efectivas y las dificultades en la ejecución de las penas.
Finalmente, los académicos recalcaron la obligación del Estado de asegurar un financiamiento permanente para los programas destinados a la prevención y reinserción social. El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, aunque reconoció la legitimidad de la preocupación por la seguridad pública, sostuvo que las decisiones en justicia juvenil deben basarse en datos concretos. Quesille afirmó que “la responsabilización por los delitos, la prevención de nuevos ilícitos y la reinserción social no son objetivos contrapuestos”, sino elementos fundamentales para una política pública que realmente contribuya a la disminución de la delincuencia.
