Un grupo transversal de diputados ha solicitado con urgencia al Gobierno acelerar un proyecto de ley clave. La iniciativa busca endurecer drásticamente las penas para aquellos adultos que exploten a niños, niñas y adolescentes en la comisión de delitos, ampliando las conductas sancionables y elevando las sentencias actuales. La petición fue formalizada al ministro José García Ruminot, de la Secretaría General de la Presidencia, por los parlamentarios César Valenzuela, Tatiana Urrutia y Benjamín Lorca.
El proyecto de ley en cuestión propone modificar el Código Penal. Su objetivo principal es castigar no solo a quienes delinquen directamente con menores de edad, sino también a aquellos que los inducen, facilitan, presionan, promueven o instrumentalizan para participar en actividades ilícitas.
Actualmente, la legislación considera como agravantes la participación de adultos en delitos junto a menores. Sin embargo, los impulsores de esta propuesta argumentan que existe un vacío legal. Este vacío se manifiesta en situaciones donde el adulto no interviene de forma directa en el ilícito, pero sí instrumentaliza al menor para que lo ejecute en su nombre.
Por ello, la reforma busca establecer de manera explícita que se aplicarán penas más severas a los mayores de edad que utilicen, induzcan, faciliten o incluso obliguen a niños y adolescentes a cometer delitos.
Además, el proyecto contempla un aumento adicional de las sanciones cuando el adulto se aproveche de una relación de dependencia, vulnerabilidad o cercanía familiar con el menor, incluyendo vínculos de parentesco. Se agrava aún más la pena si el niño o adolescente sufre lesiones graves, gravísimas o fallece durante la comisión del delito.
El diputado César Valenzuela (PS), quien lidera la iniciativa, enfatizó que esta propuesta busca complementar el proyecto del Ejecutivo sobre el reclutamiento de menores por el crimen organizado.
“Creemos que es una buena iniciativa que el Gobierno le haya puesto urgencia al proyecto que sanciona el reclutamiento de menores para organizaciones criminales. Pero le hemos dicho que ese proyecto es bueno, pero a la vez insuficiente”, señaló Valenzuela.
El parlamentario detalló que existen innumerables casos donde niños y adolescentes son usados en delitos sin formar parte necesariamente de una banda criminal. Subrayó el consenso político para perseguir a quienes involucren a menores en actos delictuales, sin importar el método.
Por su parte, la diputada Tatiana Urrutia (FA) valoró que el Gobierno haya descartado bajar la edad de responsabilidad penal adolescente. Para ella, el enfoque debe estar en los adultos que manipulan a los menores. No obstante, advirtió que endurecer las penas no basta si no va acompañado de políticas preventivas.
“La evidencia demuestra que no basta con endurecer sanciones; también debemos evitar que más niños sean captados por redes delictuales”, afirmó la legisladora, instando a fortalecer las estrategias de prevención y reinserción.
Finalmente, el diputado Benjamín Lorca (PR) sostuvo que el combate al crimen organizado exige una respuesta unificada de todo el espectro político.
“No podemos permanecer inmóviles ni estar ajenos frente al reclutamiento por parte de adultos a niños y adolescentes, quienes son incitados y utilizados para cometer delitos”, puntualizó.
Lorca añadió que este proyecto busca saldar una deuda histórica del Estado con la protección de la infancia, un «dolor profundo» de la sociedad que requiere atención inmediata. La iniciativa ahora espera el respaldo del Ejecutivo y la urgencia legislativa para avanzar en el Congreso, en un contexto de creciente preocupación por el uso de menores en actividades criminales.
