La embajadora de Palestina en Chile, Vera Baboun, publicó recientemente una columna de opinión que ha generado un fuerte debate. En el texto, difundido tanto en la página oficial de la embajada como en BioBioChile, Baboun acusa a Israel de emplear la violencia sexual como estrategia de ocupación. Esta aseveración contrasta con su propio historial y el de la autoridad que representa.
Surge la pregunta sobre la autoridad moral de una representante cuyo presidente, Mahmoud Abbas, fue elegido en enero de 2005 para un mandato de cuatro años que, a la fecha, lleva dos décadas de extensión irregular. Las últimas elecciones legislativas palestinas se realizaron en 2006, dejando a millones de ciudadanos sin la posibilidad de votar en comicios nacionales desde entonces. Este contexto plantea serias dudas sobre las credenciales democráticas de quien se presenta como árbitro de derechos humanos ante la opinión pública chilena.
Resulta aún más llamativo al comparar sus acusaciones con un informe fundamental publicado en 2025. Titulado “Silenced No More”, este documento de casi 300 páginas fue elaborado por una comisión civil compuesta por juristas, investigadores y especialistas en derecho internacional. La investigación, que se extendió por más de dos años, recopiló cientos de testimonios, evidencia visual, análisis jurídico y documentación.
Las conclusiones del informe “Silenced No More” son categóricas: la violencia sexual fue una táctica deliberada de terror utilizada por Hamás durante la masacre del 7 de octubre y en el cautiverio de rehenes en Gaza. Sin embargo, la columna de la embajadora Baboun presenta acusaciones contra Israel como hechos establecidos, ignorando la verdad sobre las atrocidades de Hamás y buscando encubrirlas con lo que el informe describe como “un velo de mentiras sobre Israel”.
La falta de pruebas que respalden las graves acusaciones de la embajadora es notoria, especialmente si se contrasta con la documentación exhaustiva sobre los crímenes sexuales perpetrados por Hamás. Además, diversos organismos internacionales han documentado por años denuncias contra la Autoridad Nacional Palestina, incluyendo detenciones arbitrarias, persecución de opositores políticos, restricciones a la libertad de prensa y limitaciones a derechos civiles fundamentales en los territorios bajo su administración.
El texto de Baboun evade cuestiones cruciales sobre el papel de la Autoridad Palestina en la protección de los derechos de las mujeres palestinas. ¿Qué reformas específicas ha impulsado? ¿Qué libertades ha ampliado? ¿Qué mecanismos efectivos de protección ha fortalecido? ¿Qué periodistas críticos pueden ejercer libremente hoy bajo su administración? Estas interrogantes quedan sin respuesta.
La cuestión de fondo no es si la embajadora tiene derecho a opinar. Por supuesto que lo tiene. La cuestión es otra: ¿Qué credenciales democráticas exhibe la representante de una administración que lleva veinte años sin elecciones para presentarse en Chile como juez moral de los derechos humanos?
Los derechos humanos no deben ser una herramienta selectiva para acusar a un adversario, sino un estándar universal. Quien formula acusaciones tan severas tiene la obligación de someterlas al mismo nivel de evidencia que exige a los demás. La coherencia dicta que, antes de dar lecciones de derechos humanos, se debe demostrar un respeto irrestricto por ellos en la propia casa, algo que la situación de la Autoridad Palestina pone en entredicho.
