La Cámara de Diputadas y Diputados dio este martes un paso decisivo al aprobar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. La votación, que se llevó a cabo tras una intensa jornada, estuvo marcada por las profundas divisiones políticas y los “descuelgues” de algunos sectores, incluso en la oposición.
Este resultado se produjo a pesar de que la comisión revisora del libelo había recomendado rechazar la acción constitucional. Previamente, la defensa de Grau, a cargo del abogado Patricio Zapata, intentó frenar el proceso mediante una cuestión previa, recurso que fue desestimado por la Sala, permitiendo así que el debate continuara hasta la votación de fondo.
La ofensiva política fue impulsada por parlamentarios del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario, contando además con el respaldo de diputados del Partido de la Gente (PDG). La sesión comenzó a las 10:00 horas, con la presencia del exministro Grau en el hemiciclo junto a su abogado.
Durante su exposición de la cuestión previa, Zapata argumentó que la acusación presentaba “problemas existenciales” y “carecía de los fundamentos mínimos” para avanzar. El jurista subrayó que el principal fundamento del libelo había sido debilitado por el último informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Sin embargo, la Cámara rechazó su solicitud y dio paso a la discusión de fondo.
El libelo atribuye a Nicolás Grau responsabilidad política por presuntas irregularidades en las proyecciones fiscales elaboradas al cierre del gobierno de Gabriel Boric. En particular, se cuestionan las diferencias detectadas posteriormente entre las estimaciones de déficit fiscal y deuda pública para los años siguientes.
En el debate, el diputado Pier Karlezi (Partido Nacional Libertario) defendió la acusación, señalando:
“Esta AC no persigue errores, persigue responsabilidades, la falta de correcciones.”
En la misma línea, Javier Olivares (PDG) anunció el apoyo de su bancada, afirmando:
“La reflexión es clara: con las finanzas del Estado no se juega, no se improvisa. Cada cifra tiene un impacto directo y doloroso en la clase media.”
La acusación llegó a la Sala con un informe negativo de la comisión revisora, que el lunes había recomendado rechazarla por considerar que no existían fundamentos suficientes para sustentar las infracciones denunciadas. La presidenta de dicha instancia, la diputada Marcela Hernando (PR), destacó que los acusadores fueron incapaces de identificar “qué acción específica del exministro Grau infringió qué norma determinada”.
Las diferencias quedaron patentes entre las distintas bancadas. El diputado socialista Juan Santana criticó la acusación, preguntando: “¿Desde cuándo hacer una proyección del futuro se convirtió en un delito?” A su juicio, “aquí no hay ninguna norma infringida”, sugiriendo que la acción respondía más bien a una estrategia política.
Por su parte, el diputado Carlos Cuadrado (PPD) declaró que “cuando los argumentos técnicos se derrumban, cuando faltan pruebas, cuando la realidad contradice el relato, estamos frente a la expresión máxima de la mediocridad política”, y anunció el rechazo de su bancada. Incluso en la derecha hubo disidencias, como la de Luis Pardo (RN), quien votó en contra e instó a “parar esta chacota y dedicarnos a legislar en todo aquello que nos demanda la ciudadanía”.
Con esta aprobación, el Congreso da luz verde a una de las ofensivas más complejas impulsadas contra una exautoridad del actual gobierno. Ahora, una comisión de tres diputados –Peri Karlezi, Benjamín Moreno y Paulina Muñoz– deberá acudir al Senado para sostener la admisibilidad de la acusación, trasladando la discusión a la cámara alta.
