Concejales de la comuna de Vilcún exigieron explicaciones públicas a la alcaldesa Katherine Migueles (RN), luego de que se revelara que su progenitor obtuvo un beneficio estatal de $50 millones. Los recursos públicos fueron entregados a pesar de que las bases del concurso prohibían expresamente la postulación de familiares de autoridades vigentes.
La situación salió a la luz tras una querella judicial presentada por el gobernador regional, René Saffirio, contra diversas personas, antecedente al que tuvo acceso Radio Bío Bío. En la acción legal se detalla que Guillermo Migueles, padre de la jefa comunal, se adjudicó la millonaria suma para su empresa Gambi a través de un programa de la Agencia de Desarrollo Productivo.
El concejal del PPD, Marcelo Farías, calificó el hecho como una mala señal pública y emplazó a la alcaldesa a aclarar si estaba al tanto de esta postulación. Farías manifestó que la autoridad comunal debe romper el silencio de manera urgente para dar explicaciones a los vecinos.
«Debería dar una señal, hacer un comunicado y explicar a la comunidad esta situación de por qué pasó esto, si ella estaba al tanto de esto o no lo estaba. Pero son situaciones que ella tiene que resolver y pronto…»
Por su parte, el concejal Arnoldo Burgos (PPD) enfatizó en que existe una investigación penal en curso liderada por la Fiscalía. Burgos remarcó la importancia de esclarecer los hechos por transparencia con la comunidad, señalando que los tribunales determinarán eventuales responsabilidades penales.
«Existe una investigación en curso y serán la Fiscalía y los tribunales quienes tendrán que determinar si hubo o no irregularidades y la responsabilidad que corresponda…»
Hasta el momento, la alcaldesa de Vilcún ha optado por mantener un absoluto silencio respecto a la polémica adjudicación, evitando emitir declaraciones directas o comunicados públicos sobre la situación de su padre.
