La investigación judicial sobre el polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra sumó una nueva ramificación en España. El magistrado encargado de instruir la causa decretó este jueves la imputación de Alba Rodríguez y Laura Rodríguez, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, además de su secretaria personal, Gertrudis Alcázar.
A través de un auto judicial emitido apenas 24 horas después de la declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional de Madrid, el juez notificó formalmente la situación a las tres mujeres para que puedan comparecer en el proceso como investigadas y ejercer su derecho de defensa. Las citaciones para declarar en sede judicial se definirán en una resolución posterior.
El foco sobre las hijas del exlíder socialista apunta directamente a la empresa What the fav, firma administrada por ambas. Según el magistrado, los indicios apuntan a que esta sociedad cumplió un «papel instrumental» en la canalización de los fondos investigados, lo que posiciona a las jóvenes dentro del grupo de personas afectadas por la indagatoria penal.
En el caso de la secretaria, Gertrudis Alcázar, el instructor sostiene que desempeñó una labor operativa clave. En sus resoluciones previas, el juez ya había descrito que Alcázar operaba activamente dentro de una presunta estructura organizada destinada al tráfico ilícito de influencias.
La imputación de su entorno familiar y laboral directo ocurre luego de que el propio José Luis Rodríguez Zapatero compareciera ante la justicia. El exmandatario, quien es el primer expresidente del Gobierno español imputado en democracia, negó haber intercedido para facilitar la entrega de un préstamo estatal de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la crisis sanitaria de 2021.
La causa penal contra el exdirigente socialista abarca delitos graves como:
- Tráfico de influencias.
- Organización criminal.
- Blanqueo de capitales.
- Falsedad documental.
Adicionalmente, Zapatero enfrenta imputaciones por presunto delito fiscal y contrabando. Esto surge tras el hallazgo de casi 80 joyas valoradas en 1,3 millones de euros en la caja fuerte de su despacho profesional, un hecho que ha desatado una fuerte controversia en el país europeo y sobre el cual el exjefe del Ejecutivo ha evitado pronunciarse públicamente hasta la fecha.
