El pleno de la Corte Suprema determinó dar curso a una de las medidas disciplinarias más drásticas del sistema judicial al decretar la apertura de 42 nuevos cuadernos de remoción contra magistrados que viajaron al extranjero encontrándose con licencia médica vigente. La determinación, resuelta mediante una votación dividida, eleva a un total de 56 los jueces sometidos a este procedimiento constitucional, luego de que la semana pasada se iniciaran los primeros 14 expedientes.
La indagatoria tiene su origen en un informe de la Contraloría General de la República que detectó más de 25 mil situaciones irregulares en toda la administración pública, de las cuales 104 corresponden a funcionarios del Poder Judicial. La vocera y presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, comunicó que los magistrados afectados ya fueron notificados y contarán con un plazo de cinco días hábiles para formalizar sus descargos.
Entre los casos incorporados en esta fase destaca el del magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia. Los antecedentes recopilados indican que el juez se trasladó a Costa Rica en enero de 2020 y a Ecuador en junio de 2022 mientras se encontraba bajo reposo médico autorizado por un diagnóstico de estrés severo persistente. El pleno de la Corte Suprema debió sortear un pronunciamiento previo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que había declarado la prescripción de los hechos en base a un límite de dos años. El máximo tribunal revocó dicho criterio y fijó en cinco años el plazo de prescripción aplicable para estos fines.
«La resolución era esperable por el contexto que rodea el caso»
Así lo manifestó el abogado defensor de Urrutia, Carlos Quezada, quien remarcó que el proceso se encuentra en su etapa inicial y que implementarán todas las herramientas legales disponibles para desvirtuar los cargos contra el magistrado.
Desde la perspectiva técnica y jurídica, el académico de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales, Leonardo Ortiz, detalló que el cuaderno de remoción se diferencia sustancialmente de un sumario común del Código Orgánico de Tribunales. Este procedimiento, normado en el artículo 80 de la Constitución Política, representa una vía de carácter excepcional orientada a dirimir si un miembro de la judicatura ha perdido las condiciones de idoneidad y el buen comportamiento indispensables para la permanencia en su función.
Por su parte, la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales, liderada por su presidente Marcelo Acevedo, optó por la cautela y adelantó que esperarán a analizar los fundamentos de cada resolución antes de emitir un pronunciamiento gremial. Sin embargo, Acevedo criticó que la rigurosidad y rapidez exhibida por la Corte Suprema en esta causa no sea equivalente a la que se aplica ante otras denuncias de anomalías internas.
La definición sobre una eventual suspensión preventiva de funciones para los 56 jueces investigados quedó postergada para la sesión ordinaria del próximo lunes. En paralelo, el tribunal de alzada mantiene bajo análisis los recursos de apelación interpuestos por otros 45 funcionarios judiciales investigados por el uso irregular de licencias médicas.
