La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) encendió las alarmas frente a las nuevas indicaciones ingresadas por el Ejecutivo al proyecto de ley de Sala Cuna para Chile. Aunque desde la multisindical valoraron la existencia de ciertos avances en la discusión, lanzaron una severa advertencia sobre el diseño de su financiamiento, acusando que la actual propuesta del Gobierno corre el riesgo de transformarse en un «impuesto a las mujeres por trabajar».
A pesar de estas fuertes críticas, la organización sindical reconoció como un paso positivo que el Ejecutivo mantuviera el compromiso de eliminar el artículo 203 del Código del Trabajo. Esta normativa legal obliga hoy en día a proveer el beneficio de sala cuna únicamente a aquellas compañías que contraten a 20 o más trabajadoras. El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, recordó que terminar con este artículo representa una histórica lucha de los trabajadores en el país.
«Valoramos que se respete la eliminación de este artículo, ya que la disposición actual genera una discriminación que afecta directamente la contratación de las mujeres», sostuvo el líder sindical Díaz.
No obstante, la multisindical condicionó su respaldo al éxito general de la reforma de sala cuna universal, advirtiendo que se requerirán modificaciones urgentes durante el debate legislativo en el Congreso. Los principales cuestionamientos de la CUT se concentran en cuatro puntos críticos: la gradualidad de su puesta en marcha, el mecanismo de financiamiento, la corresponsabilidad de los cuidados y el robustecimiento de la educación parvularia pública.
Por su parte, la vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la CUT, Karen Palma Tapia, subrayó que cualquier política laboral de esta envergadura debe sintonizar con la realidad de la fuerza de trabajo femenina, sin traspasar de ninguna manera los costos económicos a los propios empleados. En esa línea, Palma entregó cifras preocupantes sobre el escenario laboral actual.
«Cuando el desempleo femenino alcanza un 10,5% y llega al 28% en mujeres jóvenes, es imprescindible que el Gobierno tome cartas en el asunto. Estas medidas no pueden ser a cualquier costo. El financiamiento de la sala cuna no puede terminar siendo costeado por las y los trabajadores, ni transformarse en un impuesto a las mujeres por trabajar», fustigó la dirigenta.
La representante de la central también apuntó contra el plazo propuesto de cinco años para la implementación total de la normativa. Desde su perspectiva, un lustro es un período excesivamente largo frente a la crisis de empleabilidad que viven las chilenas. Palma criticó duramente esta gradualidad señalando que «si el Gobierno reconoce que existe una urgencia laboral, las respuestas no pueden esperar un lustro».
Asimismo, la directiva de la CUT manifestó un profundo rechazo ante la posibilidad de que el proyecto contemple fórmulas de copago o recurra a los fondos del Seguro de Cesantía para solventar el sistema, alertando sobre el riesgo de profundizar la mercantilización del cuidado infantil. La organización insistió en que un modelo verdaderamente universal debe potenciar la red pública, asegurar altos estándares de calidad y ampliar la cobertura en áreas rurales o rezagadas del territorio.
Finalmente, Palma recalcó la urgencia de avanzar hacia la corresponsabilidad real, apuntando a que el cuidado de los hijos no puede ser visto como una tarea exclusiva de las madres. Ante este escenario, la CUT adelantó que presentará un paquete de indicaciones y propuestas técnicas ante el Parlamento, coordinando esfuerzos con diversos movimientos feministas, sindicales y sociales para reconfigurar el proyecto de ley.
