Una profunda disputa interna ha escalado hasta los tribunales en una de las organizaciones evangélicas con mayor presencia en Chile. Un grupo de cinco exmiembros de la Misión Evangélica San Pablo ha presentado acciones legales denunciando una presunta malversación de recursos fiscales que podría alcanzar los $5.000 millones de pesos. Desde la entidad religiosa, fundada originalmente en la comuna de Lota, descartaron tajantemente las acusaciones y lamentaron la exposición pública del conflicto.
La ofensiva jurídica está liderada por exintegrantes de la iglesia que aseguran haber sido desvinculados de forma arbitraria e ilegal. Entre ellos figura Robinson Ferreira, exadministrador de la institución, quien sostiene que las irregularidades comenzaron tras una serie de modificaciones en los liderazgos y en los estatutos internos. Según Ferreira, estas reformas se realizaron para concentrar el control y facilitar la expulsión de quienes cuestionaran la administración de los recursos financieros.
«Los estatutos fueron modificados para tener un mayor poder: para destituir a quienes quieran sin ningún debido proceso y para manejar los dineros que el señor Marcos Durán postula y obtiene, sin dar cuentas a la Misión»
La acusación apunta a los fondos estatales que la iglesia recibe anualmente, los cuales superarían los $1.000 millones de pesos. Estos dineros provienen de programas gubernamentales vinculados al Servicio de Reinserción Social Juvenil, anteriormente conocido como Sename. De acuerdo con el denunciante, el actual administrador, Marcos Durán, gestiona dichos montos de manera discrecional.
Ante estas imputaciones, el obispo de la Misión San Pablo, Juan Carlos Jara, rechazó categóricamente cualquier anomalía financiera. El líder religioso enfatizó que la iglesia es una entidad de escasos recursos y que nunca han manejado las sumas de dinero denunciadas por los querellantes. «Lamento que una misión que lleva 80 años quede expuesta de esta manera por personas que considerábamos nuestros hermanos», declaró Jara, cuestionando que se judicializara la pugna interna.
Por su parte, el administrador Marcos Durán declinó entregar declaraciones por vía telefónica, condicionando sus descargos a un encuentro de carácter presencial. Actualmente, la Fiscalía lidera las indagatorias penales derivadas de una querella por eventuales delitos de malversación de caudales y falsificación de instrumentos públicos y privados. En paralelo, los denunciantes ingresaron una demanda civil que busca anular las últimas elecciones internas y los cambios estatutarios de esta organización, cuya presencia territorial se extiende desde Arica hasta Temuco.
