El origen de la indagatoria
El presunto tráfico de niños haitianos ha escalado a la agenda legislativa tras el anuncio de una Comisión Especial Investigadora (CEI) por parte de la bancada de diputados del Partido Republicano. La iniciativa responde a una serie de alertas emitidas por la Contraloría General de la República respecto a vuelos sospechosos, las que fueron ratificadas por una denuncia penal presentada por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
Según detalló el Sermig, la denuncia se fundamenta en vuelos realizados entre enero y octubre de 2025. En dicho periodo, al menos 12 adultos, entre chilenos y extranjeros, habrían ingresado reiteradamente al país ejerciendo como supuestos responsables de grupos compuestos por entre dos y 18 menores de edad haitianos.
Alcance de la investigación
El jefe de la bancada republicana, Benjamín Moreno, confirmó a través de su cuenta de X que la CEI buscará esclarecer los hechos ocurridos en torno a la inmigración irregular de ciudadanos de Haití desde el año 2014 hasta la actualidad. El parlamentario enfatizó que el objetivo es auditar las gestiones de los gobiernos de Michelle Bachelet hasta la administración del presidente Gabriel Boric, convocando a todas las fuerzas políticas a sumarse a la iniciativa.
Por su parte, el diputado José Carlos Meza precisó en un punto de prensa que, tras analizar los antecedentes, determinaron que estos hechos habrían ocurrido al menos desde 2023. El legislador argumentó que no es responsable acotar el periodo de investigación solo a los últimos años, pues es necesario entender el origen de las vulnerabilidades en el control fronterizo que permitieron el tránsito de menores sin supervisión adecuada.
Acciones paralelas de la UDI
La inquietud por estos antecedentes también ha movilizado a la bancada de la UDI. Los diputados Natalia Romero y Mario Olavarría anunciaron que también impulsarán una comisión investigadora para profundizar en el paradero de estos niños y las fallas en los protocolos de ingreso.
Romero fue enfática al señalar: «Lo primero que necesitamos esclarecer es dónde están estos niños, quiénes son las personas responsables de ellos y cómo fue posible que ingresaran al país en medio de tantas falencias de control». El debate se da en un clima de tensión política, donde además persisten cuestionamientos al Ejecutivo respecto a la conducción de las finanzas públicas y el tono gubernamental, en el marco de otras controversias como la acusación constitucional contra el ministro Nicolás Grau.
