En una jornada enfocada en transformar la realidad demográfica del país, el Presidente José Antonio Kast suscribió la Carta de Compromiso del Gobierno para poner en marcha la Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable. Esta normativa busca modificar radicalmente cómo el Estado gestiona las políticas públicas para este grupo etario, dejando atrás la visión tradicional centrada únicamente en el cuidado y la asistencia.
El eje central de esta ley es la adopción de un enfoque basado en los derechos humanos. Con este marco, se reconocen 15 garantías específicas que buscan proteger a las personas mayores como sujetos de derechos, incentivando activamente su participación ciudadana, su autonomía y su integración plena en el tejido social. Según el mandatario, resulta urgente avanzar hacia una mirada distinta respecto a la vejez: “hay que dar un paso hacia adelante, una mirada distinta en cómo vemos a nuestras personas mayores”.
Alcances de la nueva legislación y protección social
La implementación de la Ley Integral de Personas Mayores aborda problemáticas estructurales mediante medidas concretas. El texto legal contempla disposiciones específicas para la prevención del maltrato, el abandono y toda forma de discriminación por edad. Asimismo, se busca potenciar la eficiencia institucional de organismos clave como Senama para centralizar y coordinar las políticas estatales de envejecimiento.
La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, enfatizó durante el evento que este avance legislativo es una señal de valoración social.
“Un trato que no se mide en discursos ni leyes, sino en algo mucho más concreto: que una persona mayor no pase su vejez sola (…) que cada uno de ustedes sienta que este país no olvida a quienes lo construyeron”
, sostuvo la secretaria de Estado.
Reconocimiento a Cecilia Morel y el desafío demográfico
Durante la ceremonia, el Presidente Kast recalcó que este reto no es solo administrativo, sino profundamente cultural. En este contexto, valoró la asistencia de la ex primera dama, Cecilia Morel, reconociendo su trayectoria e impulso previo a esta iniciativa en años anteriores.
La urgencia de estas medidas se sustenta en el acelerado envejecimiento de la población chilena. Este fenómeno demográfico obliga al Estado a actualizar sus estrategias para garantizar bienestar y calidad de vida. Queda pendiente observar cómo la coordinación interinstitucional logrará traducir estas 15 garantías en una mejora tangible para las futuras generaciones, transformando la teoría legal en un impacto directo sobre la vida cotidiana de los adultos mayores.
