La crisis por el ingreso irregular de niños, niñas y adolescentes haitianos al país escaló este lunes, luego de que el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, confirmara que solicitó un informe específico a la Policía de Investigaciones (PDI) para esclarecer posibles vulneraciones en los procesos de reunificación familiar.
Esta acción surge tras un preinforme de la Contraloría General de la República (CGR), revelado por BBCL Investiga, que expuso fallas críticas en los controles migratorios. Según el documento, no se logró verificar la relación entre los menores y los adultos responsables, existiendo registros incompletos y, en casos alarmantes, la imposibilidad de ubicar a parte de los niños que el Estado autorizó ingresar.
Arrau exige respuestas a la PDI
El secretario de Estado precisó que, si bien el área depende administrativamente de la División de Migraciones del Ministerio del Interior, la urgencia del caso obligó a una intervención directa.
“Independientemente de eso, apenas supimos la noticia, yo hablé con el Director General de la Policía de Investigaciones, he solicitado un informe específico sobre esto”
, declaró Arrau.
El ministro subrayó que el Gobierno busca fortalecer el control fronterizo. “Hoy día Chile tiene un control que nos gustaría fortalecer de tal manera de ser bastante más estricto en el ingreso de personas que tengan cierto tipo de alertas”, puntualizó el titular de Seguridad.
Discrepancias sobre el control migratorio
La polémica también involucró al exdirector de Migraciones, Luis Thayer, quien argumentó que los errores en los ingresos dependen directamente de la gestión de la PDI en los puntos de control. Sin embargo, Arrau entregó una visión contrapuesta:
“La información preliminar que tengo de la Policía de Investigaciones era contraria a eso, efectivamente que tenía otro tipo de visación, y por eso estoy esperando el informe definitivo”.
Más allá de las responsabilidades técnicas, el ministro calificó la situación como un hecho de alta gravedad:
“Sea la explicación que sea, es una situación de mucha gravedad, son menores de edad que podrían haber sido utilizados y por tanto tenemos que esperar estos reportes, pero es algo muy grave y hay que hacer todas las investigaciones que correspondan”
.
Actualmente, el caso no solo está bajo la lupa administrativa, sino que el Ministerio Público ya abrió una investigación de oficio a través de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. La incertidumbre persiste sobre el paradero de los menores no localizados por la Contraloría, mientras se espera que el informe solicitado por el Ministerio de Seguridad arroje luz sobre eventuales redes de tráfico o negligencias en las autorizaciones de entrada.
