El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) ha emitido una alerta nacional tras descubrir una sofisticada red dedicada a la falsificación de documentos migratorios. El ilícito, detectado inicialmente en la Región de O’Higgins, es utilizado por ciudadanos extranjeros en conjunto con contratistas para acceder de manera irregular a puestos laborales mediante papeles adulterados.
Según las autoridades, el fraude se sustenta en la modificación digital de permisos de trabajo que quedaron obsoletos tras la implementación de la actual Ley de Migración y Extranjería. Los estafadores utilizan programas de edición, como Photoshop, para recrear plantillas que todavía ostentan el logo del extinto Departamento de Extranjería y Migración, bajo la denominación inexistente de “Permiso de Trabajo Ext.”.
¿Cómo identificar estos documentos fraudulentos?
El organismo fue enfático al detallar las fallas técnicas que delatan el engaño. Entre las inconsistencias más recurrentes se encuentran códigos QR que no enlazan a ninguna plataforma oficial, la suplantación de identidad de funcionarios públicos y el uso de firmas de personas que ya no poseen facultades legales para visar este tipo de documentación.
La directora regional (s) del Sermig en O’Higgins, Eva Acevedo, explicó que existe un perfil recurrente en los portadores de estos papeles falsos. Según las indagatorias preliminares, gran parte de los involucrados habrían ingresado al país por pasos no habilitados, una información que surge del análisis de las mismas piezas detectadas.
Las personas que portan estos documentos habrían ingresado al país por pasos no habilitados, de acuerdo con los antecedentes contenidos en las piezas detectadas.
El Sermig recordó que, bajo la legislación vigente, la Autorización de Trabajo con Permanencia Transitoria es una medida estrictamente excepcional. Su aplicación está limitada a casos específicos como artistas, especialistas o técnicos, y requiere de manera obligatoria la presentación de un contrato formal entre ambas partes.
Ante la gravedad de los hechos, cada caso identificado ha sido derivado al Ministerio Público, debido a que la falsificación de instrumentos públicos es un delito penal tipificado. La institución realizó un llamado urgente a empleadores y migrantes para evitar intermediarios informales, advirtiendo que caer en estas estafas no solo pone en riesgo a quienes buscan trabajo, sino que expone a los empleadores a severas sanciones legales.
