La Corte Suprema ha intensificado sus medidas disciplinarias al acordar la apertura de 56 cuadernos de remoción contra jueces de diversos puntos del país. El proceso, que busca determinar si los magistrados mantuvieron un comportamiento adecuado para el cargo, se centra en aquellos funcionarios que salieron del país mientras registraban una licencia médica vigente.
La presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, entregó detalles sobre este despliegue de fiscalización. La magistrada enfatizó que estas acciones se distancian de las sanciones disciplinarias de las Cortes de Apelaciones, enfocándose directamente en la idoneidad y el resguardo de la confianza institucional.
El alcance de los procesos disciplinarios
Según explicó Chevesich, el bien jurídico bajo protección es la integridad de la institución. Al respecto, la presidenta sostuvo:
La finalidad es resguardar la fe y la confianza pública de la sociedad en el Poder Judicial. El bien jurídico protegido en estos casos es la fe pública y la integridad institucional, no la disciplina judicial.
El procedimiento implica que los jueces afectados podrán presentar descargos antes de que se tome cualquier medida definitiva. Chevesich aclaró que un cuaderno de remoción es una instancia especial para evaluar la posible destitución por mal comportamiento, y no significa una expulsión inmediata.
Cronología de las investigaciones
El desglose de los casos revela una intensa actividad judicial durante junio:
- 8 de junio: Se revisaron 15 apelaciones, confirmando las sanciones y abriendo 14 cuadernos.
- 9 de junio: Se analizaron 25 casos que terminaron en absolución, incluyendo jueces que enfermaron fuera del país tras vacaciones o que contrajeron covid-19 al retornar.
- 15 de junio: Se revisaron 64 causas no apeladas, resultando en 42 nuevos cuadernos, 13 rechazos y 9 pendientes por empate en la votación.
Todos los involucrados pertenecen al escalafón primario. Mientras se inician las notificaciones formales a los jueces, el sistema judicial espera los informes de cada caso, los cuales deben ser entregados en un plazo de cinco días hábiles. Sobre la posible suspensión de funciones de los investigados, el pleno aún no ha debatido la medida, tema que se proyecta para la sesión de este próximo lunes.
