El Centro de Internación Juvenil de Coronel se ha convertido en el recinto más peligroso para menores de edad infractores de ley en el país. Según reportan los propios trabajadores del ex Sename, este establecimiento lidera las estadísticas nacionales en decomisos de drogas y armas, evidenciando una crisis que, a juicio del gremio, no ha sido resuelta tras el paso al nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil.
A más de un año del debut del nuevo servicio en la Región del Bío Bío, la percepción de los funcionarios es tajante: el cambio ha sido meramente estético. La violencia persistente y el aumento de los conflictos internos han encendido las alarmas, especialmente al comparar la situación actual con el funcionamiento previo del sistema.
Crisis de seguridad y falta de liderazgo
Raúl Fuentealba, presidente local de la Asociación de Trabajadores del Servicio, sostiene que las cifras son irrefutables. “Y así la estadística lo señala: el centro más violento y donde se incautan más armas hechizas a nivel nacional. De hecho, ni siquiera es comparado con los centros con los recintos penitenciarios de adultos. Acá los hechos de violencia entre los jóvenes y hacia los trabajadores y trabajadoras son habituales”, declaró el dirigente.
A esta precariedad operativa se suma la falta de una cabeza visible en la dirección regional. Desde hace un año, cuando renunció el primer y único director titular del nuevo servicio, el cargo ha permanecido vacante. Recién ahora, y tras la presión de la crisis, se ha llamado a concurso para llenar esta plaza.
Propuestas de cambio legal
El gremio es enfático: el problema de fondo requiere una modificación profunda a la Ley de Responsabilidad Adolescente. Dentro de las propuestas presentadas para frenar la escalada de agresiones, los funcionarios sugieren que se permita el traslado de adolescentes infractores a cárceles de adultos, especialmente en el caso de aquellos que ya son mayores de edad y enfrentan procesos judiciales.
Desde el ámbito legislativo, la diputada Marlen Pérez tomó cartas en el asunto, notificando a la directora nacional del ex Sename y al ministro de Justicia sobre la gravedad de la situación en Coronel. La parlamentaria exigió la implementación urgente de planes de reinserción efectivos, la designación de personal capacitado y medidas concretas para frenar la ola de violencia que, según advierten, debe ser abordada con sentido de emergencia.
Mientras se espera la resolución del concurso público para el cargo directivo, el CIP de Coronel continúa operando bajo una tensión constante. ¿Será suficiente la nueva gestión administrativa para frenar una crisis de seguridad que los funcionarios califican como el escenario más crítico del sistema juvenil nacional?
