El revés judicial para la dueña de Probarte Banquetería
La Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó el reingreso a prisión preventiva de la dueña de Probarte Banquetería SpA, quien había sido formalizada por reiteradas estafas a parejas que contrataron sus servicios. Aunque el Juzgado de Garantía le permitió inicialmente quedar en libertad tras el pago de una fianza de 5 millones de pesos, el Ministerio Público logró revertir la medida al argumentar que la libertad de la imputada es un peligro para la seguridad de la sociedad y existe riesgo de fuga.
Según detalló el fiscal de Viña del Mar, Nionel González, el tribunal estimó que cada una de las contrataciones fraudulentas constituye un delito independiente. La causa suma un perjuicio estimado en 120 millones de pesos, afectando a un total de 60 víctimas que vieron frustrados sus matrimonios debido a que la empresa simplemente no se presentó el día del evento.
Historias de una estafa masiva
El escándalo estalló a finales de 2025 tras una serie de denuncias masivas, recordando que la firma incluso estuvo a cargo de organizar la Gala del Festival de Viña en ese mismo periodo. La magnitud del engaño dejó a cientos de novios e invitados con los brazos atados, enfrentando la ausencia de mesas, sillas y comida en momentos críticos de la celebración.
Entre los casos más expuestos en redes sociales destacó el testimonio de la influencer @rusaenchile, quien presenció una de las bodas afectadas. La creadora de contenido relató que, solo media hora antes de la ceremonia, los novios descubrieron que no llegaría nada de lo contratado para los 200 invitados, obligándolos a improvisar con comida comprada de emergencia y trasladar la fiesta a la casa de los padres del novio.
El impacto en las familias afectadas
Otra de las denuncias que tomó gran relevancia pública involucró a la nieta del humorista Juan Alcayaga, reconocido como ‘Don Carter’. A finales del año pasado, el círculo cercano del comediante expuso a través de un video los detalles del sufrimiento familiar provocado por la incomparecencia de la empresa. El Ministerio Público fue enfático en señalar que la medida de fianza originalmente otorgada no era coherente con el profundo perjuicio causado por la imputada, logrando finalmente que la Corte ordenara la cautelar más gravosa tras el requerimiento de la Fiscalía.
