Acciones legales y aclaración del banco
El BancoEstado se sumó formalmente a la querella en contra de Rossana Blanco, una mujer detenida recientemente en el marco de la Operación Tokio. Este operativo policial, que permitió desbaratar una banda criminal vinculada al Tren de Aragua que operaba en nuestro país, generó gran conmoción tras la formalización de 17 personas, de las cuales 14 quedaron en prisión preventiva. Entre los imputados en esta causa también figura José Carlos Pérez, quien se desempeñaba como ejecutivo en el Banco Santander.
Desde la institución financiera enfatizaron su voluntad de colaborar activamente con el Ministerio Público. La entidad aclaró que Blanco no era funcionaria directa, sino que prestaba servicios a través de una empresa externa. «Es fundamental precisar que no era ejecutiva ni trabajadora de planta. Se desempeñaba como asistente administrativa en tareas de apoyo manual para el área de comercio exterior», explicaron en un comunicado oficial.
Sin acceso a información crítica
Sobre el rol de la detenida, el banco fue enfático: «No contaba con acceso a sistemas de pago ni poseía atribuciones tecnológicas para modificar información bancaria. Tampoco atendía clientes persona y empresas». Tras realizar una revisión interna, el BancoEstado aseguró que el comportamiento de la cuenta bancaria de Blanco no mostró movimientos sospechosos, manteniéndose en línea con su nivel de ingresos.
La entidad subrayó que no existe evidencia que vincule sus supuestas actividades ilícitas con las funciones que realizaba en la institución. Según los registros del banco, la mujer dejó de presentarse a sus labores dos días antes de recibir la notificación judicial, momento en el que el banco solicitó de inmediato su reemplazo formal a la empresa proveedora.
Protocolos de seguridad y fiscalización
Ante la consulta sobre los estándares de contratación, el BancoEstado sostuvo que las exigencias aplicadas a sus proveedores son equivalentes a las de su personal directo, siempre dentro del marco de la legislación laboral vigente. Tras una auditoría inmediata a los contratos del proveedor involucrado, el banco reafirmó el cumplimiento riguroso de los protocolos de control y la revisión de antecedentes legales para todo el personal externo.
