El debate sobre el levantamiento del secreto bancario sigue generando intensas discusiones en el Congreso, pero la ciudadanía ya entregó su veredicto. Según la más reciente Encuesta Criteria, aplicada el 11 de junio de 2026 mediante un panel online, el respaldo para ampliar las facultades estatales en la investigación de delitos graves es mayoritario, pero está condicionado a un control judicial riguroso.
La exigencia de un juez para revisar cuentas
El estudio muestra que el 56% de los encuestados sostiene que las instituciones públicas deberían acceder a información financiera únicamente con la autorización previa de un juez. Por el contrario, un 35% apoya que el acceso se permita sin este trámite, mientras que un 9% es tajante al señalar que el Estado nunca debería tener acceso a los datos bancarios de los ciudadanos.
Las posturas varían drásticamente según la afinidad política de los consultados. Por ejemplo, el respaldo a la revisión sin orden judicial alcanza su punto más alto en la izquierda, con un 49%, frente al 34% en el centro y un 31% en la derecha. En la vereda opuesta, el 62% de quienes se identifican con la derecha exigen mantener el control judicial, una cifra que llega al 59% entre quienes no poseen una adscripción política definida.
Balance entre persecución penal y privacidad
A pesar del debate sobre el procedimiento, existe un consenso transversal sobre la necesidad de herramientas más fuertes para la persecución criminal. Ante la pregunta sobre otorgar mayores atribuciones al Estado para acceder a cuentas bancarias en investigaciones de delitos graves, el 57% se manifestó de acuerdo o muy de acuerdo. En tanto, un 24% se declaró en desacuerdo o muy en desacuerdo, mientras que el 19% prefirió mantenerse en una posición neutral.
Este respaldo es especialmente notorio en la izquierda, donde llega al 75%, mientras que en el centro y la derecha el apoyo alcanza un 53%, mismo nivel que entre los encuestados sin identificaciones políticas (52%).
El riesgo de la privacidad
La preocupación por la privacidad aparece como el principal punto de fricción. Al ser consultados sobre si estas facultades podrían afectar a ciudadanos que no han cometido delitos, el 49% no considera este riesgo como una amenaza relevante. No obstante, un 26% sí cree que la privacidad está en peligro, y un 25% adopta una postura neutral.
Las diferencias políticas también marcan este punto: el 61% de los identificados con la derecha teme por la privacidad, percepción que cae al 49% en el centro y al 33% en la izquierda. Entre los independientes, un 46% manifiesta preocupación por este impacto en el derecho a la reserva de la información financiera.
