El paisaje urbano de diversas ciudades chilenas se ve afectado por la acumulación de cables en desuso, que permanecen en postes y espacios públicos a pesar de la normativa vigente para su retiro. Esta situación, que va más allá de lo estético, plantea serias dudas sobre su impacto en la seguridad y la infraestructura. Según Albert Tidy, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de los Andes (Uandes), se trata de un “vertedero elevado” que contamina y degrada el entorno, con un 70% de estos cables en desuso.
Tidy propone el soterramiento de las conexiones como una alternativa más segura y visualmente atractiva, aunque reconoce que su alto costo es una de las razones por las que se sigue optando por el tendido aéreo. Con el tiempo, especialmente en el sector de las telecomunicaciones, gran parte de estas redes se vuelven obsoletas sin ser desmanteladas, lo que genera interferencias con edificaciones, suciedad visual y sombras indeseadas.
La dificultad para avanzar en el retiro de estos cables se debe, en parte, a que la implementación de la Ley 21.172, conocida como “Chao Cables”, ha sido “cara y lenta”, según explica Pilar Giménez, directora del Centro de Estudios Territoriales (CET) de la Universidad de los Andes. Giménez sugiere priorizar las zonas con alto valor patrimonial y buscar soluciones mediante una combinación de recursos públicos y privados.
La especialista advierte, además, que el exceso de peso sobre los postes incrementa el riesgo de caídas, lo que puede afectar la continuidad de servicios básicos y poner en peligro a peatones y vehículos.
Para los nuevos desarrollos urbanos y loteos, Giménez plantea la necesidad de crear incentivos normativos que fomenten la incorporación del soterramiento desde las etapas de planificación, con el fin de evitar que el problema se expanda a otras áreas. En cuanto a las responsabilidades, enfatiza que la instalación, mantenimiento y retiro de la infraestructura en desuso recaen legal y operativamente en las empresas de telecomunicaciones y distribuidoras eléctricas.
Los municipios, por su parte, tienen la función de fiscalizar y organizar el espacio público, aunque con frecuencia carecen de los recursos presupuestarios necesarios para cumplir eficazmente con esta tarea. Este fenómeno no es exclusivo de Chile; ambos académicos de la Uandes señalan que grandes metrópolis como Tokio también enfrentan desafíos similares con el cableado aéreo, evidenciando que esta problemática es global y requiere una gestión más eficiente y coordinada.
