Formalizan a concejala de Puyehue por venta ilegal de fármacos

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Un grave caso de irregularidades sanitarias remece a la comuna de Puyehue, luego de que la concejala Patricia Obando fuera formalizada por la venta de fármacos sin la debida autorización en una reconocida botica de Entre Lagos. El hecho salió a la luz tras un operativo de fiscalización donde autoridades sanitarias decomisaron productos que no contaban con los permisos para ser comercializados en ese tipo de establecimiento.

Fiscalización y detención en Entre Lagos

El procedimiento, liderado por la autoridad sanitaria, culminó en la prohibición de funcionamiento de la botica y la detención de su dueña, la edil Patricia Obando. Según lo reportado, el local ofrecía medicamentos cuyo expendio está estrictamente regulado y restringido para almacenes farmacéuticos de esta categoría.

Sobre la gravedad de los hechos y la vulneración de la normativa vigente, la seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, precisó que la situación contraviene disposiciones clave de la ley 20.000.

Dentro de la ley farmacéutica, existen diferentes líneas para poder dispensar medicamentos. Dentro de esta línea está la botica, que es una dispensación de medicamentos de menor categoría y que tiene ciertos lineamientos para la entrega. Cuando esta botica no tiene autorización para la entrega de medicamentos de estupefacientes, esta línea ya sobrepasa el resguardo de la ley 20.000, que es el uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Situación judicial tras la formalización

Tras comparecer ante la justicia, la concejala Patricia Obando quedó sujeta a la medida cautelar de arraigo nacional. El tribunal dictaminó un plazo de 120 días para llevar a cabo la investigación formal del caso, periodo en el cual se deberán esclarecer las responsabilidades penales sobre la comercialización de estas sustancias controladas.

La comunidad de Entre Lagos permanece atenta a las futuras audiencias, mientras que la autoridad sanitaria continúa evaluando las sanciones administrativas que se sumarán al proceso penal en curso. ¿Qué consecuencias políticas enfrentará la autoridad municipal tras este proceso legal?

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