El caso que sacude a los inversionistas
El nombre de Javier Cruz Díaz, ampliamente conocido en redes sociales como el «estilista de los famosos», está bajo la lupa de la justicia. Actualmente, enfrenta una investigación penal por presuntas estafas que, de acuerdo con las denuncias formalizadas hasta la fecha, sumarían un perjuicio económico superior a los 50 millones de pesos.
La desmentida de Providencia
Uno de los puntos más críticos revelados por una investigación de Reportajes T13 fue el uso de un supuesto convenio con la Municipalidad de Providencia. Según los testimonios de varios afectados, Cruz Díaz utilizaba la existencia de este acuerdo anual con el municipio como un respaldo sólido para atraer inversionistas y presentar diversos proyectos comunitarios.
Sin embargo, al ser consultado por el equipo de comunicaciones de la Municipalidad de Providencia, el organismo fue categórico: no existe ni ha existido nunca un convenio o vínculo de colaboración con el estilista. Esta aclaración desmorona uno de los pilares que el imputado utilizaba para generar confianza entre sus potenciales socios comerciales.
La defensa del estilista
Lejos de admitir irregularidades, el estilista respondió a los cuestionamientos con una frase desafiante. «Yo puedo decir que tengo convenio hasta con La Moneda; no estoy obligando ni exigiendo nada a nadie, si quiere hacer negocio o no», declaró al ser interpelado por el supuesto acuerdo inexistente, deslizando que la responsabilidad recae en quienes decidieron invertir en sus propuestas.
La investigación, llevada adelante por la Fiscalía Metropolitana Oriente, apunta a que el dinero solicitado tenía como fin financiar diversas iniciativas. Entre ellas, se mencionan proyectos vinculados a viajes a Tacna, Perú, donde el estilista aseguraba realizar compras de productos para comercializarlos posteriormente en territorio nacional.
El estado judicial
Por su parte, Javier Cruz Díaz ha negado tajantemente la comisión de cualquier delito. Como parte de su defensa, sostiene contar con antecedentes que acreditarían la devolución de dinero a algunas de las personas involucradas en este proceso judicial.
Es importante recordar que este caso se encuentra en plena etapa de tramitación. Según la legislación chilena, ninguna persona debe ser considerada culpable ni tratada como tal mientras no exista una sentencia firme dictada por un tribunal. Una vez finalizado el proceso, los involucrados podrían ser declarados inocentes o ver los cargos desestimados según el mérito de las pruebas presentadas.
