La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha marcado una distancia crítica con el vocero presidencial Manuel Adorni, cuestionando severamente la reciente actualización de su patrimonio. En medio de la celebración de sus 70 años, la funcionaria calificó como una omisión ética el hecho de que el portavoz de Javier Milei haya mantenido ocultos 500 mil dólares en sus declaraciones juradas, un suceso que ahora ha escalado a instancias judiciales.
En declaraciones recogidas por el diario La Nación, Bullrich fue tajante al señalar:
Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado.
La ministra, quien recibió saludos del propio Presidente y otros dirigentes en redes sociales, enfatizó que la justicia será la encargada de determinar la existencia de irregularidades legales.
Las inconsistencias en el patrimonio del vocero
La polémica estalló luego de que Adorni presentara ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) rectificaciones que alteran significativamente su perfil financiero. El vocero admitió haber incluido activos que antes no figuraban, argumentando un error en la declaración, incluyendo unos 300.000 dólares provenientes de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018.
Estos nuevos datos contradicen directamente lo expuesto por el funcionario frente al Congreso el pasado 29 de abril, cuando sostuvo que “nunca existió ocultación alguna”. Además, el caso reabre las dudas sobre la procedencia de los fondos utilizados para la compra de un departamento en Caballito, transacción que Adorni justificó calificándola como una “operación entre amigos”, desmintiendo que los vendedores fueran jubiladas.
Tensiones internas y el futuro del portavoz
La postura de Patricia Bullrich no parece ser un evento aislado, sino parte de una creciente fricción con la mesa chica de Balcarce 50. Ya en mayo pasado, la senadora había instado a la celeridad en la aclaración de los bienes de Adorni, advirtiendo que “si no hay contundencia y rapidez, el proyecto sufre”. Este malestar se suma a otros desencuentros, como su rechazo público a la decisión de Karina Milei y el Ejecutivo de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli, vinculada al periodista Hugo Alconada Mon.
A pesar de que el discurso oficial del Gobierno sigue respaldando a Adorni, el costo político de sostener a un funcionario bajo la lupa por presunto enriquecimiento ilícito comienza a ser objeto de debate interno. Con el expediente ya en manos de la Justicia, el Ejecutivo enfrenta el desafío de mantener su narrativa de transparencia frente a una gestión que, hasta ahora, ha optado por blindar a su portavoz a pesar de las crecientes evidencias y el descontento de figuras clave de su propia alianza.
