La Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas dio luz verde al proyecto de ley que busca eliminar el feriado irrenunciable durante las jornadas de elecciones y plebiscitos. La iniciativa, impulsada por un grupo de parlamentarios de derecha, pretende evitar las pérdidas económicas que, según argumentan, afectan al sector comercial durante estos procesos cívicos.
Para justificar la medida, los legisladores citaron al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pakomio, quien detalló que la merma económica sufrida durante los sufragios de 2023 alcanzó la cifra de 7.700 millones de pesos. Este dato se convirtió en el principal pilar para sostener la urgencia legislativa de la propuesta.
Voces a favor y en contra de la medida
El debate ha generado posturas confrontadas. Desde el mundo sindical, Eric Campos, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), calificó la iniciativa como un retroceso peligroso. “A nosotros nos parece que esto es un profundo retroceso. Nos parece que la gente debiese estar alerta porque no podemos permitir que retrocedamos en derechos que los trabajadores del comercio ya tenían”, declaró.
En la vereda opuesta, el abogado laboralista Aldo Fendez sostuvo que el cambio legal no implica una vulneración de derechos adquiridos, sino más bien un ajuste en los estándares de protección. Al respecto, el experto señaló:
“No formaba parte del patrimonio permanente de aquellos trabajadores que beneficiaba, sino que dependía de la vigencia de una norma legal que el legislador está facultado para modificar. Es innegable que la reforma reduce un estándar de protección laboral previamente existente”.
Por su parte, el sector de las pequeñas y medianas empresas también analiza el impacto de la medida. Gianina Figueroa, directora de la Unión Nacional de Organizaciones Gremiales de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, subrayó la necesidad de buscar un equilibrio. “Creemos que es legítimo evaluar mecanismos que permitan mantener la actividad económica, especialmente para el pequeño comercio que tiene menos capacidad de adaptación que las grandes empresas”, afirmó, insistiendo en que el desafío sigue siendo garantizar el derecho ciudadano a votar.
El proyecto de ley ahora deberá sortear su trámite en el Senado. De ser aprobado sin modificaciones en la Cámara Alta, el texto quedará en condiciones de ser promulgado como ley por el presidente José Antonio Kast. ¿Será este cambio suficiente para reactivar el comercio sin sacrificar la participación electoral?
