La institución de Carabineros confirmó la baja inmediata de seis funcionarios que prestaban servicios en Talca y Talca Oriente, en la Región del Maule. La decisión, adoptada este jueves, responde a la detención de los uniformados en el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía Local de Talca por delitos de robo con intimidación, robo en lugar habitado, asociación criminal y falsificación de instrumento público.
La medida es el resultado de seis meses de indagatorias efectuadas por la unidad de Asuntos Internos de la policía uniformada. Según el documento al que tuvo acceso Bío Bío, la institución consideró que existían antecedentes suficientes para aplicar la sanción de baja por conducta mala con efectos inmediatos, independiente de la resolución judicial pendiente sobre los imputados.
Las razones detrás de la baja institucional
Entre los fundamentos de Carabineros, se señala que los funcionarios no solo incumplieron sus deberes, sino que participaron activamente en la comisión de hechos delictivos, lo cual agrava su situación disciplinaria. Se les acusa además de haber omitido el deber de denunciar actividades ilícitas de las que tenían conocimiento por razón de sus cargos.
La resolución establece que las conductas investigadas constituyen una falta “atentatoria al decoro o dignidad policial” y que provocan un descrédito para la institución y un menoscabo para el servicio, afectando además la confianza pública y la probidad administrativa.
El documento destaca que los involucrados habrían operado bajo un “mismo dolo y plan común” para concretar los ilícitos, lo que terminó de sellar su expulsión de las filas de la institución.
Identidad de los involucrados y situación previsional
Los funcionarios desvinculados son el suboficial mayor Cristian Antonio Miranda Retamal, quien cuenta con más de 33 años de servicio; el teniente Víctor Sebastián Oñate Pinto; el sargento segundo Rodrigo Esteban Arriagada Sánchez; y los cabos primeros Jorge Enrique Bascuñán Meneses, Sergio Andrés Alarcón Rodríguez y Leonardo Andrés Sáez Quiñones.
Existe una diferencia clave en el desenlace de los involucrados respecto a sus beneficios previsionales. Mientras que el suboficial mayor Miranda Retamal conserva el derecho a solicitar pensión de retiro e indemnización de desahucio al superar los 20 años de servicio, los otros cinco funcionarios —el sargento Arriagada y los tres cabos primeros— no cumplen con este requisito, por lo que no accederán a tales beneficios.
¿Qué sigue ahora? Si bien el proceso administrativo interno ya concluyó con la baja, la investigación penal continúa su curso en manos del Ministerio Público, donde se definirán las penas que enfrentará cada uno de los exfuncionarios por los delitos de asociación criminal y robo.
