En una jornada de violencia extrema que ha conmocionado a la región de La Araucanía, dos hombres quedaron en prisión preventiva tras protagonizar una serie de ataques brutales en la comuna de Renaico. Los imputados, identificados como Francisco Alejandro Figueroa Montanares y Sergio Fernando Urra Monsalve, están siendo investigados por su participación en actos de crueldad contra al menos seis personas durante el pasado sábado 30 de mayo.
El caso, que ha escalado a nivel nacional por la naturaleza de los hechos, incluye la grabación de un ataque donde un adulto mayor fue torturado con un taladro inalámbrico. Según la indagatoria liderada por el fiscal Cristian Gacitúa, con apoyo de la Bicrim de la PDI, los agresores engañaron a dos víctimas para llevarlas a un inmueble en el sector La Feria, donde fueron sometidas a torturas con armas blancas y objetos contundentes.
Crueldad extrema y registros audiovisuales
Durante la audiencia de formalización, se detalló que los sujetos grabaron ellos mismos el momento en que perforaban el lóbulo de la oreja del adulto mayor con la herramienta eléctrica. El fiscal expuso extractos de la grabación donde se escucha al atacante preguntar:
“¿Dónde está la plata, concha…?”
mientras pateaba a la víctima en el suelo. El registro continúa con amenazas explícitas:
“Voy a arrancarle la oreja”
, seguido de burlas hacia el anciano mientras le perforaban la zona, incluso intentando, según la investigación, perforar su cráneo.
Agresiones en el recinto Estación
Además de estos hechos, el mismo día, los imputados atacaron a cuatro funcionarios municipales que trabajaban en el desmantelamiento de un escenario en el recinto Estación. Sin provocación previa, uno de los individuos agredió a los trabajadores con un hacha y un cuchillo, dejando a los empleados con lesiones de diversa consideración. Ante este ataque, el municipio de Renaico anunció la presentación de una querella criminal contra todos los responsables.
Producto de estas acciones, una de las víctimas de la tortura en el domicilio terminó en riesgo vital, mientras que el otro afectado sufrió fracturas y múltiples heridas corporales. Los imputados fueron formalizados por dos delitos de homicidio calificado frustrado, bajo las agravantes de alevosía y ensañamiento, sumándose cargos por homicidio simple frustrado, lesiones y amenazas.
El Juzgado de Garantía determinó que la libertad de los formalizados representa un peligro para la seguridad de la sociedad, ordenando su ingreso a prisión preventiva. Se fijó un plazo inicial de tres meses para el cierre de la investigación, tiempo en el cual la fiscalía buscará consolidar las pruebas, incluyendo los videos grabados por los mismos atacantes que resultarán claves para el juicio oral.
