La Contraloría General de la República ha frenado en seco las aspiraciones del biministro Louis de Grange respecto a la implementación de la denominada Ley Uber. A través de un oficio formal, el órgano fiscalizador determinó que no dará curso al reglamento presentado por la cartera, citando graves vacíos técnicos y jurídicos, además de una omisión injustificada de los procesos de consulta pública exigidos por la norma.
El punto central del conflicto radica en que el reglamento propuesto eliminaba y modificaba exigencias técnicas esenciales para los vehículos que operan bajo aplicaciones. Específicamente, se buscaba alterar normativas sobre la antigüedad máxima de operación, la antigüedad mínima requerida para la primera inscripción en el sistema y la cilindrada mínima de los motores. Según la Contraloría, estos cambios fueron ingresados a finales de abril sin presentar los fundamentos fácticos ni técnicos necesarios para justificar su flexibilización.
La justificación del Ejecutivo frente al rechazo
Durante la presentación de esta propuesta, el Ministerio de Transportes defendió la medida argumentando que las restricciones previas —como la exigencia de una cilindrada mínima de 1.400 cc— afectaban negativamente el mercado laboral. Louis de Grange defendió su postura el pasado 27 de abril señalando:
La versión anterior del reglamento pegaba muy negativamente en el empleo. Afectaba en un 85%. Por lo tanto, estas flexibilizaciones regulatorias que estamos impulsando de cara a mejorar la calidad del servicio por una parte y, por otra, a favorecer el empleo porque yo creo que ayuda mucho a la política del gobierno de impulsar la economía.
Sin embargo, la contralora Dorothy Pérez refutó este enfoque, cuestionando que se rebajen estándares de calidad sin un respaldo robusto. El dictamen enfatiza que, al tratar con servicios de transporte regulados, cualquier cambio que disminuya las condiciones para los usuarios debe estar debidamente acreditado. La autoridad advirtió que la eliminación de barreras de entrada no puede hacerse a costa de la calidad técnica mínima que la ciudadanía ya recibe.
¿Qué sigue para la Ley Uber?
La resolución de Contraloría deja al Ministerio de Transportes en una posición compleja, obligándoles a replantear cómo equilibrar la protección del empleo con las exigencias técnicas de la ley. La entidad fue enfática en señalar que no basta con la intención de evitar efectos negativos en la economía; se requiere una fundamentación exhaustiva que el actual documento no contiene. Ante este escenario, el gobierno deberá decidir si rectifica el reglamento ajustándose a los estándares técnicos exigidos o si ingresa una nueva propuesta que subsane las deficiencias detectadas, dejando en suspenso la operatividad definitiva de las aplicaciones de transporte bajo el marco legal vigente.
