Dictamen de Contraloría sobre el Registro Pesquero Artesanal
La Contraloría Regional de Valparaíso determinó que la resolución exenta N°2.563, emitida en 2025 por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), no se ajusta a derecho. Esta medida, impulsada durante la administración del exsubsecretario Julio Salas, buscaba incorporar nuevos armadores al Registro Pesquero Artesanal (RPA), un catastro fundamental para la sustentabilidad y el ordenamiento de la actividad en Chile.
El dictamen responde a una presentación realizada por Sonapesca y diversas agrupaciones artesanales, quienes denunciaron que la apertura indiscriminada de pesquerías —que ya se encontraban bajo régimen de cierre o plena explotación— vulneraba la Ley General de Pesca y Acuicultura. Según los denunciantes, la administración anterior manipuló la Ley de Fraccionamiento Pesquero para facilitar estos ingresos, pese a que el sistema se hallaba en un proceso formal de análisis técnico.
La ilegalidad detrás de la apertura masiva
La resolución cuestionada permitió la inscripción de cerca de 12 mil nuevos pescadores en pesquerías estratégicas como el jurel, jibia, reineta, langostino amarillo, langostino colorado, camarón nailon y merluza de cola. Sin embargo, la Contraloría aclaró que la Ley N° 21.752, utilizada como justificación técnica, únicamente modifica el fraccionamiento de cuotas entre el sector industrial y el artesanal, careciendo de facultades para reabrir pesquerías cerradas o eliminar restricciones vigentes.
El órgano fiscalizador enfatizó que la medida eludió los mecanismos legales de consulta obligatoria ante el Consejo Zonal y el Comité de Manejo. Al desnaturalizar el carácter cerrado de estas pesquerías y omitir los procedimientos normativos, la resolución fue calificada como carente de sustento técnico suficiente, instruyendo a la actual subsecretaría a utilizar la potestad invalidatoria del artículo 53 de la ley 19.880 en un plazo máximo de 15 días hábiles.
Respuesta del subsecretario Osvaldo Urrutia
Tras el fallo, el actual subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, calificó la gestión anterior como profundamente irresponsable. En sus declaraciones, destacó el impacto negativo sobre aquellos pescadores que respetaron la legalidad vigente:
El informe de la Contraloría confirma que se adoptó una medida profundamente irresponsable, pues abrió un registro que generó expectativas en miles de pescadores artesanales sin contar con el respaldo normativo correspondiente. Al mismo tiempo, se pasó por encima de muchos otros pescadores que realizaron sus trámites y procesos cumpliendo las reglas vigentes.
El compromiso de la actual administración es ejecutar la invalidación instruida, mitigando en la medida de lo posible los efectos negativos para los trabajadores del sector. Actualmente, Subpesca trabaja en el cumplimiento de los plazos legales, enfrentando el desafío de ordenar el sistema tras esta decisión administrativa declarada ilegal.
