El reciente dictamen del Servicio de Impuestos Internos (SII), que permite a las casas de apuestas online pagar aranceles tributarios, ha desatado una fuerte controversia en la Comisión de Economía del Senado. La medida, que busca formalizar la recaudación, ha sido duramente cuestionada por parlamentarios que advierten sobre los riesgos de legitimar una actividad que opera bajo un vacío legal crítico en Chile.
El senador por la región de Los Lagos y militante de Renovación Nacional (RN), Carlos Kuschel, calificó la situación como un tema complejo. Durante la sesión donde se citó al director nacional del SII para dar explicaciones, el parlamentario comparó la lógica del organismo con actividades delictivas:
Si esta es una actividad ilícita como por ejemplo los secuestros y se recaudan fondos ilícitos por ese concepto, Impuestos Internos no va a cobrar impuestos por esos secuestros.
Por su parte, el senador de la UDI, Iván Moreira, adoptó una postura más severa, rechazando tajantemente que se permita la regularización tributaria sin antes despejar las dudas sobre quiénes son los verdaderos dueños detrás de estas plataformas digitales.
Para Moreira, la celeridad con la que el SII ha actuado resulta preocupante. El parlamentario señaló que no le extrañaría que detrás de estas casas de apuestas operara el crimen organizado, insistiendo en que antes de cualquier proceso de recaudación, el Estado debe priorizar una investigación profunda sobre el origen y la propiedad de dichas empresas.
¿Qué pasará con la regulación de las apuestas online?
El debate en la Comisión de Economía no se detendrá en esta instancia. El senador Kuschel confirmó que el Congreso continuará citando a expertos y autoridades técnicas para determinar si es constitucional o ético permitir que estas plataformas regularicen su situación por la vía administrativa.
Mientras el SII defiende sus atribuciones para recaudar impuestos, el mundo político presiona para que la legislación sea clara y no permita que la tributación sea utilizada como un escudo para actividades que hoy carecen de un marco legal sólido en el país.
