Un fallo reciente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso ha abierto un nuevo flanco en la disputa legal sobre el cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE). El pasado jueves 11 de junio, la Tercera Sala del tribunal acogió un recurso de protección presentado contra la Tesorería General de la República (TGR), ordenando dejar sin efecto el cobro administrativo de esta deuda estudiantil.
Argumentos del tribunal: ¿Por qué se frenó el cobro?
La resolución, adoptada en fallo dividido, sostiene que las deudas derivadas del CAE no deberían ser ejecutadas mediante la normativa tributaria tradicional. Los jueces argumentaron que este mecanismo de financiamiento posee una naturaleza especial, diseñada precisamente para personas que no cuentan con los recursos necesarios para costear estudios superiores.
La génesis del mentado crédito es una respuesta del Estado ante la imposibilidad de acceder a estudios superiores de personas que no cuenten con recursos económicos, por lo que los créditos obtenidos para cursar estudios superiores tienen una naturaleza especial.
Además, el tribunal señaló que el accionar de la TGR al intentar realizar estos cobros bajo el sistema tributario lesiona la garantía constitucional de la igualdad ante la ley.
El otro lado de la moneda: Fallos contradictorios
Sin embargo, la postura judicial no es unánime en el puerto. En paralelo, la Cuarta Sala de la misma Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó de manera unánime otros cuatro recursos de protección que buscaban el mismo objetivo.
En estos casos, las juezas determinaron que el recurso de protección no es la vía adecuada para resolver esta controversia. Según su análisis, el procedimiento excede las facultades de una acción cautelar, ya que implica determinar la naturaleza jurídica de las obligaciones derivadas del CAE.
La pretensión manifestada por la recurrente excede la naturaleza cautelar de esta acción constitucional. Tampoco se advierte la existencia de un derecho indubitado de la recurrente que habilite para excluirla del procedimiento de cobro iniciado por la Tesorería.
Actualmente, el escenario judicial permanece fragmentado, dejando en el aire la pregunta de si los tribunales superiores deberán unificar el criterio para definir si la TGR puede o no seguir utilizando la vía tributaria para recuperar los fondos del CAE.
