La profesora que denunció haber recibido amenazas de una presunta violación grupal por parte de alumnos del Colegio Los Alerces, en la región de Los Lagos, cuenta con la autorización para regresar a sus funciones académicas. Sin embargo, su retorno está sujeto a condiciones específicas impuestas para resguardar su integridad y el ambiente escolar.
Según la información recabada por Radio Bío Bío, el establecimiento educativo propuso que la docente se reincorpore al plantel, pero estableciendo una restricción fundamental: no podrá impartir clases al curso donde se encuentran los estudiantes involucrados en el conflicto. Adicionalmente, el colegio planteó que la profesional deje de ejercer como profesora jefe de dicho curso y que no les enseñe la asignatura de religión evangélica.
Contexto de la querella y las amenazas
El caso se originó a raíz de una querella presentada por la docente en contra de dos estudiantes. Según la denuncia, estos alumnos idearon una supuesta violación grupal en un grupo de WhatsApp donde participaban otros menores, incluida una alumna. El contenido del chat era de extrema gravedad, ya que también se mencionaban intenciones de secuestrar al hijo del director del establecimiento y otras amenazas relativas al control del recinto educacional.
Protocolos ante posibles nuevos hostigamientos
Ante la incertidumbre que genera este regreso a las aulas, el abogado de la docente, Mauricio Sáez, fue enfático respecto a las medidas de seguridad que tomará la parte querellante. El representante legal advirtió que, en caso de que se registre cualquier tipo de hostigamiento, ya sea por parte de los estudiantes implicados o de sus apoderados, se activarán de inmediato los protocolos correspondientes y se iniciarán nuevas acciones judiciales contra los responsables.
Actualmente, el regreso efectivo de la profesional a sus labores diarias dentro del Colegio Los Alerces queda condicionado a la evaluación médica pertinente y a la obtención de su alta laboral. ¿Logrará el colegio garantizar un ambiente seguro para la docente tras la gravedad de las amenazas denunciadas judicialmente?