Una preocupante y peligrosa estrategia está afectando la seguridad previsional en Chile. A través de plataformas digitales como WhatsApp y Facebook, individuos que se hacen pasar por ejecutivos están contactando a afiliados para ofrecerles dinero en efectivo a cambio de que cambien su AFP a una administradora determinada.
La modalidad, que ya está bajo la lupa de las autoridades, no utiliza montos fijos. Según reportes en diversos grupos de redes sociales, el incentivo económico ofrecido varía directamente según el sueldo que percibe cada trabajador. El único requisito solicitado por estos falsos asesores es que el afiliado mantenga su cuenta en la nueva administradora por un periodo mínimo de tiempo.
Este modus operandi se ha vuelto habitual en el ecosistema digital. Basta con ingresar en el buscador de Facebook la frase “cambio de AFP por un bono” para encontrar múltiples grupos públicos donde supuestos agentes ofrecen compensaciones económicas sin ningún filtro de seguridad ni validación legal.
La postura tajante de la autoridad y la industria
Ante el alza de estas denuncias, la Superintendencia de Pensiones (SP) y la Asociación de AFP han salido a marcar una postura clara: cualquier incentivo para cambiarse de administradora es estrictamente ilegal en Chile.
La normativa prohíbe expresamente la entrega, ofrecimiento o promesa de otorgar incentivos, beneficios, regalos o cualquier tipo de compensación destinada a inducir el traspaso de afiliados entre AFP.
Desde la Superintendencia de Pensiones, citada por Diario Financiero, recalcaron que estas prácticas vulneran el principio de decisión libre, voluntaria e informada de cada afiliado, constituyendo una infracción directa a la normativa previsional vigente.
Por su parte, el gremio de las administradoras invocó el artículo 23 del Decreto Ley 3.500, que rige el sistema actual. La Asociación de AFP fue enfática en señalar que ni las compañías, ni sus directores, ni su personal —incluyendo a los asesores previsionales y ejecutivos de captación— tienen autorización para ofrecer beneficios que la ley no contempla.
Actualmente, la industria mantiene un rechazo absoluto a estas maniobras, calificándolas como un actuar fuera de la ley. La proyección apunta a un endurecimiento de la fiscalización digital, ya que mientras existan usuarios dispuestos a aceptar estos bonos, los captadores informales seguirán operando bajo el anonimato de las redes sociales. ¿Es posible erradicar esta práctica solo con advertencias, o se requieren bloqueos permanentes en las plataformas donde se originan estos ofrecimientos ilegales?
