En una jornada marcada por la alta tensión, la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de la región del Bío Bío aprobó de forma unánime el proyecto minero de Tierras Raras, impulsado por la empresa Aclara en la comuna de Penco. La sesión fue encabezada por el delegado presidencial regional, Julio Anativia, y contó con el respaldo total de los seremis de Salud, Economía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Transporte, Minería, Desarrollo Social y Medio Ambiente.
Argumentos de la aprobación y rechazo municipal
El delegado Anativia fundamentó su voto positivo señalando que el proyecto cumplió con toda la normativa ambiental vigente y que la empresa logró subsanar las observaciones técnicas presentadas durante el proceso. Al emitir su sufragio, la autoridad declaró:
Vengo en aprobar el estudio de impacto ambiental del proyecto de desarrollo minero de extracción de arcillas para producción de concentrado de tierras raras.
La decisión fue recibida con manifestaciones en el exterior del Salón Bío Bío de la Delegación Presidencial, donde los opositores al proyecto increparon a las autoridades. El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, fue uno de los primeros en alzar la voz, reafirmando la postura contraria de todo el Concejo Municipal. El edil aclaró que, aunque no tuvieron injerencia directa en la votación, el municipio presentó todas las observaciones posibles en contra de la iniciativa. Sobre el futuro, Vera indicó:
Lo vamos a estudiar, el camino a seguir. Pero hoy día esto hay que meditarlo y hay que pensarlo.
Proyecciones legales de los opositores
La comunidad organizada, representada por manifestantes como Camila, acusó que esta resolución condena a la comuna a convertirse en una «zona de sacrificio». Los grupos opositores ya han confirmado que iniciarán una estrategia legal para revertir la luz verde otorgada a Aclara.
Según lo informado por las agrupaciones, la siguiente etapa contempla la presentación de diversos recursos administrativos y judiciales. Los manifestantes sostienen que no todas las dudas ciudadanas fueron despejadas durante la evaluación y no descartan acudir a los tribunales ambientales tras analizar en detalle el contenido de la Resolución de Calificación Ambiental. El conflicto escala ahora a una fase de judicialización, mientras se espera conocer la estrategia formal que adoptarán tanto el municipio como las organizaciones civiles en los próximos días.
