El revés judicial para los deudores del CAE
La estrategia legal para frenar el cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) mediante recursos de protección ha sufrido un duro golpe. La Corte Suprema ha declarado inadmisibles más de 450 recursos presentados por deudores, ratificando que esta vía no es la correcta para cuestionar la naturaleza de estas obligaciones financieras ni el procedimiento legal que utiliza la Tesorería General de la República (TGR).
Recientemente, la Corte de Apelaciones de Arica reforzó este criterio al rechazar una acción legal interpuesta por un deudor que intentaba anular un mandamiento de ejecución y embargo. El fallo validó explícitamente el marco legal que faculta a la TGR para ejecutar estos cobros contra quienes mantienen obligaciones impagas.
Cifras críticas de la morosidad y el Fisco
El escenario financiero es complejo: actualmente, más de 550 mil personas no han cumplido con sus pagos asociados al CAE, acumulando una deuda hacia el Fisco que supera los $4 billones de pesos. Ante este panorama, la TGR ha intensificado sus gestiones de recuperación para aquellos que no han accedido a convenios de pago adecuados a su capacidad económica.
¿Quiénes están siendo embargados?
La Tesorería ha confirmado que las medidas de embargo se han aplicado bajo un criterio específico. La mayoría de estas acciones han recaído sobre deudores cuyos ingresos son iguales o superiores a $3.500.000 mensuales, basándose en la información de sus declaraciones de impuestos del Año Tributario 2025.
- Más de 1.500 personas han sido embargadas hasta la fecha.
- La cifra de embargos representa un 5% del total de los casos que han regularizado su situación mediante convenios.
- El tesorero (Quiroz) ha descartado cualquier posibilidad de devolución de dineros a quienes ya fueron embargados y cuentan con altos ingresos.
Los tribunales superiores de justicia han sido tajantes: el recurso de protección no permite debatir el trasfondo de las deudas del CAE, validando así la potestad de la TGR para aplicar las medidas de apremio contempladas en la normativa vigente en Chile.
