La solicitud presentada por el Ejecutivo para elevar el límite de endeudamiento en US$6.200 millones ha desatado una pugna política y técnica en el Congreso. La propuesta busca ampliar el techo autorizado para 2026, pasando de los US$18.000 millones originales a un total de US$24.200 millones, bajo el argumento de que el escenario fiscal ha cambiado drásticamente desde la elaboración del Presupuesto.
Una minuta de la Comisión de Hacienda revela que el Presupuesto 2026 quedó insuficiente, debido a que se sobreestimaron los ingresos y se subestimaron los gastos. En este contexto, parlamentarios del Partido de la Gente (PDG) y de distintos sectores de oposición, incluyendo análisis seguidos de cerca por Franco Parisi, han preparado una batería de interrogantes para fiscalizar el uso de estos recursos y el origen real del déficit.
El riesgo de cruzar el umbral del 45% del PIB
El Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre encendió las alarmas: el déficit efectivo alcanzó el 2,4% del PIB, equivalente a $8,7 billones, superando el 1,5% proyectado. La minuta del Gobierno advierte que, de aprobarse la medida, la deuda bruta subiría de un 41,3% a un 44,8% del PIB.
Esta cifra roza el límite “prudencial” del 45% recomendado por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA). La presidenta de este organismo ha solicitado con urgencia equilibrar las cuentas para asegurar la sostenibilidad fiscal, advirtiendo que el umbral podría superarse definitivamente en 2027 si no se toman medidas correctivas.
Intereses, proveedores y el origen del desbalance
Uno de los puntos críticos es el costo financiero a largo plazo. Con una Tasa de Política Monetaria en 4,5% y una inflación del 4%, los parlamentarios cuestionan cuánto pagarán realmente los contribuyentes. “¿Cuál es la estimación del costo total en intereses asociado a este mayor endeudamiento durante toda la vida de los instrumentos que se emitirán?”, es una de las preguntas clave que exige respuesta de Hacienda.
Del monto total solicitado, US$1.500 millones se destinarían a deuda flotante con proveedores, especialmente Pymes. Los diputados han solicitado un detalle exhaustivo: “¿Qué criterios de priorización utilizará el Ejecutivo para asegurar que estos recursos lleguen oportunamente a las PYMES?”. Asimismo, se exigirá un listado desagregado para verificar si la deuda fue devengada antes o después del 11 de marzo de 2026.
Estrategia financiera y uso de activos
La oposición cuestiona por qué el Ministerio de Hacienda optó por emitir nueva deuda en lugar de utilizar el manejo de caja o liquidar activos del Tesoro, proyectados en 3,7% del PIB. También se ha puesto la lupa sobre los US$900 millones atribuidos al efecto del tipo de cambio y los US$3.800 millones por mayor déficit, exigiendo que se distinga qué corresponde a gastos heredados y qué a decisiones propias de la administración actual.
La discusión se mantiene abierta en la Comisión de Hacienda. El objetivo final de los parlamentarios es reconciliar este proyecto con las metas del Decreto de Política Fiscal, especialmente ante un escenario donde el déficit estructural proyectado para este año se sitúa en un -1,8% del PIB, dejando en duda la viabilidad de la trayectoria de deuda para los próximos años.
