Francia se encuentra sumida en una profunda conmoción social tras el brutal asesinato de Lyhanna, una niña de 11 años cuyo presunto homicida permanecía en libertad pese a contar con denuncias previas por abuso sexual. El caso ha desatado una serie de protestas en ciudades clave como París, Marsella, Lyon y Burdeos, donde manifestantes se han concentrado frente a los edificios de los tribunales de justicia para exigir una reforma estructural, según registros de Le Figaro.
Crisis de confianza en la justicia francesa
La indignación ciudadana ha sido liderada por diversas organizaciones. Una representante de la ONG feminista AG-33, identificada como Caroline, declaró:
Estamos acá para mostrar nuestro total apoyo a la familia de Lyhanna. Las cosas tienen que cambiar y hay que escuchar a los niños. 160.000 niños al año son víctimas de violencia sexual. Las denuncias son numerosas, pero con demasiada frecuencia se desestiman.
La activista añadió con severidad que la tragedia es producto de un desastre judicial, enfatizando la falta de protección efectiva hacia los menores y el abandono de los servicios de protección infantil.
La postura del ministro Gérald Darmanin
Ante la presión, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, descartó de plano renunciar a su cargo este lunes. En una rueda de prensa, se comprometió a esclarecer la totalidad de los hechos y exponer los fallos institucionales que calificó como «extremadamente graves». El secretario de Estado aseguró que comunicará las conclusiones de las investigaciones administrativas y determinará las responsabilidades pertinentes tras el atroz crimen ocurrido en Fleurance, localidad donde recientemente se realizó una multitudinaria marcha blanca.
Tras sostener una reunión con fiscales generales en la sede del Ministerio, Darmanin reconoció que el Estado debe asumir sus errores cuando estos derivan en tragedias. No obstante, subrayó que su permanencia no está en duda, puesto que los fallos detectados no obedecieron a instrucciones directas de su cartera ni a una falta de recursos. «La cuestión de mi permanencia se plantearía si yo no asumiera mi responsabilidad», afirmó el ministro.
Investigación exhaustiva sobre denuncias archivadas
El caso de Lyhanna dejó en evidencia que el presunto asesino acumulaba varias denuncias por abusos y violaciones que fueron archivadas o gestionadas con retrasos injustificables. Darmanin calificó de inaceptable que, tras un relato creíble y lesiones comprobadas, el sistema tardara nueve meses en interrogar al sospechoso. Ante esta disfunción, el titular de Justicia ordenó a los fiscales generales realizar un inventario exhaustivo de todas las denuncias en trámite contra menores antes del próximo 14 de julio.
Actualmente, las autoridades francesas mantienen identificadas cerca de 70.000 denuncias de este tipo bajo revisión. El objetivo es determinar si el caso de la menor asesinada fue un evento aislado o si el sistema judicial sufre de problemas estructurales graves que impiden la protección efectiva de la infancia en Francia. El país permanece a la espera de los resultados de este inventario, que promete sentar un precedente sobre la capacidad de respuesta de sus instituciones ante la violencia sexual.
