Defensa a la estrategia de recaudación por CAE
El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, salió al paso de las críticas por los recientes embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). La autoridad confirmó que el Ejecutivo ha seguido los “procedimientos normales” para recuperar fondos adeudados y advirtió que la medida seguirá vigente para aquellos usuarios con ingresos superiores a los $3,5 millones mensuales.
La controversia se encendió tras denuncias de deudores quienes reportaron el retiro total de sus fondos en cuentas bancarias. Este proceso es ejecutado por la Tesorería General de la República (TGR), bajo la instrucción directa del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Según Alvarado, el Estado simplemente está ejerciendo su derecho a recuperar el capital que el fisco debió pagar a los bancos cuando se hicieron efectivas las garantías por el no pago de los créditos.
“Hay muchas personas que durante muchos años accedieron a un beneficio, que es el CAE, que muchos, teniendo las condiciones de ingresos suficientes y necesarias, no pagaron, y eso obligó a que se hicieran efectivas las garantías en contra del Estado de Chile”
El biministro enfatizó que el proceso sigue un protocolo claro: primero se notifica al moroso, luego se invita a una reprogramación de la deuda y, solo si esto es ignorado, se procede con acciones coercitivas contra perfiles de ingresos altos, situando el umbral en personas que perciben más de $3,5 millones e incluso sobre $5 millones mensuales.
¿Qué pasará con los deudores de menores ingresos?
Pese a la postura tajante de Alvarado sobre el uso de medidas autorizadas por la ley, existe incertidumbre respecto a quienes no alcanzan los niveles de ingresos mencionados. El propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, no descartó que existan casos de afectados con salarios inferiores a los $3,5 millones a quienes se les haya retirado la totalidad de sus fondos.
Ante esta eventualidad, Quiroz se comprometió a abrir un canal de diálogo con la Tesorería General de la República. “Si hubiera gente por bajo los 3 millones y medio, yo voy a conversar con Tesorería para ver de qué modo se les puede buscar una solución distinta”, sostuvo el secretario de Estado.
Por ahora, la postura oficial es clara: mientras las personas con altos ingresos no se acerquen a regularizar su situación tras ser contactadas, el Estado mantendrá el curso de las acciones legales. El futuro de los embargos dependerá de la capacidad de los deudores para reprogramar sus deudas y de la revisión caso a caso que prometió el equipo económico del Gobierno.
