La reciente decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de aplicar el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las plataformas de apuestas online internacionales que operan en Chile ha desatado un intenso debate jurídico y político. Mientras el ente recaudador busca incrementar los ingresos fiscales, la medida ha sido fuertemente cuestionada por autoridades judiciales y gremios del sector.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, marcó una postura tajante al respecto. Según el persecutor jefe, el hecho de que el Estado impulse el pago de impuestos por parte de estas empresas «no transforma en lícita la actividad», subrayando una distinción fundamental entre la obligación tributaria y la legalidad del negocio.
La intervención de la Contraloría y la postura del Gobierno
Ante la controversia, la Contraloría General de la República (CGR) no ha quedado al margen. Tras una solicitud presentada por parlamentarios de oposición, el ente contralor emitió un oficio exigiendo al SII que se pronuncie formalmente en un plazo máximo de 10 días. La autoridad busca que el servicio aclare cuáles fueron las atribuciones normativas empleadas para justificar la calificación de esta actividad, que opera en un terreno de ilegalidad en el territorio nacional.
Desde el Ejecutivo, la postura es diferente. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha respaldado el actuar del SII. Según el secretario de Estado, el organismo tributario debe enfocarse estrictamente en asegurar que se graven todos los impuestos posibles, sin que sea su rol determinar si una actividad económica específica es legal o no bajo otras normativas.
Visiones encontradas en la industria y el mundo jurídico
Expertos y representantes del sector ven esta situación como una señal contradictoria. Matias Pascuali, director del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Facultad de Derecho UDD, calificó la señal como «mixta», argumentando que la medida no resuelve el fondo del problema: la persistente situación de ilegalidad en la que operan las casas de apuesta.
Por su parte, Cecilia Valdés, presidenta ejecutiva de la Asociación de Casinos y Juegos, manifestó su preocupación. Si bien reconoció que el SII posee la facultad para definir cobros, enfatizó que este proceder envía un mensaje contrario a lo que la industria esperaba de las autoridades, generando incertidumbre sobre el futuro de la regulación del juego de azar en Chile.
Actualmente, el SII se encuentra bajo una cuenta regresiva, restando solo 7 días para que venza el plazo otorgado por la Contraloría. La respuesta que entregue el organismo será clave para definir si la estrategia recaudatoria sobre plataformas internacionales podrá mantenerse o si deberá ser revisada ante las dudas sobre su base legal.
