Los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Marco Antonio Sulantay y Ximena Naranjo, ingresaron una nueva iniciativa legal para obligar a todas las plataformas de casas de apuestas en línea que operan en Chile a implementar sistemas de registro biométrico. El objetivo principal de esta medida es asegurar de forma técnica que ningún menor de edad pueda ingresar a jugar en estos sitios.
Este proyecto surge en un escenario complejo, marcado por la reciente resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII), la cual definió que estas plataformas deberán tributar en el país. Para los parlamentarios gremialistas, esta decisión genera preocupación, pues podría interpretarse como una regularización de facto sin abordar las consecuencias sociales de la actividad.
¿Por qué es necesario el control biométrico?
El debate de fondo que plantean los legisladores apunta directamente a la ludopatía, tanto en jóvenes como en adolescentes. Según los parlamentarios, aunque actualmente existe una prohibición teórica para que menores de edad apuesten, en la práctica el acceso es sencillo debido a la falta de mecanismos de verificación robustos.
Hoy existe una prohibición en el papel, pero en la práctica cualquier menor puede acceder a este tipo de plataformas y apostar en línea, lo que demuestra que es absolutamente urgente que exijamos por ley que se establezcan mecanismos reales de verificación, como son los registros biométricos.
Desde la bancada de la UDI, advirtieron que la resolución del SII no puede ser el único foco de atención, instando a no descuidar los efectos nocivos de las apuestas masivas en la población más joven del país.
Contexto legislativo actual
Esta propuesta llega para complementar una iniciativa que ya se encuentra en trámite dentro del Senado. Dicho proyecto busca prohibir explícitamente el acceso a menores de 18 años, pero actualmente carece de una definición técnica sobre el sistema de verificación que las empresas deberían instalar en sus sitios web.
La propuesta de Sulantay y Naranjo busca llenar ese vacío legal, pasando de una norma administrativa general a una exigencia tecnológica obligatoria. El futuro de esta regulación dependerá de cómo se logre coordinar con las actuales discusiones tributarias y de seguridad digital, mientras crece la presión social por establecer controles más efectivos ante el auge de las apuestas digitales en Chile.
