Casas de apuestas: Iván Flores acude a Contraloría por rol del SII

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El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, presentó un oficio formal ante la Contraloría General de la República. El parlamentario busca esclarecer si es legal la reciente resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII), la cual habilita a las casas de apuestas online extranjeras para tributar bajo un mecanismo de IVA, a pesar de que el marco jurídico chileno tiene reparos sobre esta actividad.

Esta decisión del SII ha generado una ola de críticas desde sectores de la oposición. El argumento central de los detractores es que el organismo fiscalizador estaría intentando regularizar, mediante una vía administrativa, una práctica que ha sido catalogada como ilegal en diversos fallos emitidos por la Corte Suprema.

¿Es legal que el SII cobre impuestos a actividades prohibidas?

El senador Flores enfatizó su preocupación ante lo que considera una contradicción estatal. Al respecto, el legislador declaró:

Ya que, a nuestra manera de ver, Impuestos Internos ha cometido una ilegalidad al señalar que las apuestas en línea deben pagar impuestos y eso es una manera de regularizar lo ilegal, tal como ha sido definido por la Corte Suprema, le hemos pedido a Contraloría que emita un pronunciamiento sobre si efectivamente el director de Impuestos Internos está cometiendo una irregularidad o una ilegalidad o no.

El documento ingresado al organismo fiscalizador plantea interrogantes técnicas sobre el actuar del SII. En primer lugar, Flores solicita determinar si el servicio tiene las facultades para integrar en un régimen tributario especial a actividades que, bajo la legislación vigente, no cuentan con el respaldo legal necesario para operar en el país.

Las atribuciones del Servicio de Impuestos Internos

Además de la consulta sobre la naturaleza del juego online, el oficio cuestiona si el SII excedió sus atribuciones legales. Según el parlamentario, las competencias del organismo se limitan a la fiscalización y recaudación, por lo que no estaría facultado para reconocer actividades económicas que requieren de una ley específica que las autorice y regule previamente.

Finalmente, el senador instó a la Contraloría a realizar un análisis profundo para establecer si el acto administrativo vulnera el principio de legalidad. El objetivo es determinar si la resolución se ajusta estrictamente a la normativa actual o si se trata de un exceso administrativo que debe ser revertido. El futuro de esta medida depende ahora de lo que resuelva el ente fiscalizador, marcando un precedente clave sobre cómo el Estado enfrentará el lucrativo y polémico mercado de las apuestas digitales.

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