Acciones judiciales contra el Minvu
Una grave denuncia sacude al Ministerio de Vivienda y Urbanismo tras la presentación de una querella contra el ministro Iván Poduje. La acción judicial, a la que tuvo acceso Reportajes T13, apunta a irregularidades en el proceso de demolición de viviendas destinadas a los damnificados por los incendios de 2024 en el sector El Olivar de Viña del Mar.
La empresa Arquitectura Limitada (SARQ), que ejercía como entidad patrocinante, interpuso el recurso legal. Según el documento, el proyecto contemplaba la construcción de 356 casas por parte de la Constructora San Sebastián, donde solo 56 presentaron observaciones técnicas. La querella subraya que, a pesar de los informes, ninguno sugirió paralizar las obras o demoler las viviendas.
Presiones a funcionarios y falsificación
El texto judicial sostiene que el ministro Poduje se arrogó facultades de administración directa para ordenar la paralización indefinida de los trabajos y prohibir al Serviu cualquier gestión de avance. Según la acusación, en abril de 2026, el ministro instruyó al director (s) del Serviu Valparaíso, Rodrigo Muñoz, para que presionara a los vecinos a terminar anticipadamente los 12 contratos existentes.
La querella revela un presunto mecanismo de presión contra los Inspectores Técnicos de Obra (ITO). Se les habría ordenado emitir informes basados en criterios de la DITEC, pese a su resistencia inicial. Finalmente, bajo la amenaza de graves sanciones, los funcionarios suscribieron documentos el 13 de abril de 2026, los cuales fueron antedatados al 9 de abril.
Engaño a damnificados y delitos imputados
La estrategia del ministerio incluyó la citación de los vecinos el 21 de abril para forzar la firma de desvinculaciones contractuales bajo el argumento de «graves fallas constructivas». Aquellos propietarios que intentaron consultar sobre la continuidad de sus obras recibieron respuestas negativas, bajo el pretexto de que la constructora estaba suspendida, amenazándolos con quedar «en el limbo» de los programas de reconstrucción si no aceptaban las condiciones.
Por estos hechos, la acción judicial imputa delitos de:
- Prevaricación administrativa reiterada por resoluciones injustas.
- Falsificación ideológica de instrumento público al alterar hechos sustanciales y antedatar informes.
- Uso malicioso de instrumento público falso.
- Fraude al Fisco por generar perjuicios económicos innecesarios al Estado mediante demoliciones injustificadas.
Junto a Iván Poduje, la querella también involucra al director (s) del Serviu Valparaíso, Rodrigo Muñoz, y al seremi de Vivienda de la región, Marcelo Ruíz.
