La defensa de Joaquín Lavín León ha puesto en duda la validez de las pruebas que mantienen al exdiputado en prisión preventiva. El abogado Cristóbal Bonacic acusó directamente a la Fiscalía de exhibir conversaciones de WhatsApp supuestamente «editadas» ante testigos clave, argumentando que este actuar habría distorsionado las declaraciones originales en el marco de la investigación por fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado.
La polémica tras el «call center» parlamentario
Uno de los ejes de la indagatoria, revelado inicialmente por Reportajes T13, sostiene que Lavín León utilizó personal financiado con recursos del Congreso para labores electorales. Según el Ministerio Público, este grupo funcionaba como un «call center» encargado de recopilar bases de datos y contactos políticos. No obstante, Bonacic sostiene que esta interpretación es errónea y se sostiene sobre evidencia incompleta.
«Este tema del call center nace a partir de la exhibición que le hace el Ministerio Público a estas testigos de un mensaje que forma parte de un chat común ya editado», afirmó el abogado defensor.
La controversia sobre el chat «Proyectos 2020»
De acuerdo con la tesis de la defensa, el material cuestionado proviene del grupo de WhatsApp denominado «Proyectos 2020», en el cual participaban cuatro personas. Según Bonacic, la Fiscalía solo mostró fragmentos descontextualizados, omitiendo partes críticas de la conversación. El abogado insistió en que el contenido íntegro demostraría que las llamadas estaban dirigidas a dirigentes del distrito y no a campañas electorales prohibidas.
«No contiene toda la información, sino partes, y eso obviamente induce a un error a las testigos», señaló el defensor, cuestionando qué habrían respondido los declarantes si hubieran visto el chat completo. Para Bonacic, la investigación ha sido «sesgada» desde su origen, con una Fiscalía que habría construido una tesis previa para luego buscar antecedentes que la respaldaran.
La postura de la parte querellante
Por su parte, el abogado que representa a la Municipalidad de Maipú desestimó categóricamente los dichos de la defensa. Ante la consulta sobre la supuesta edición de mensajes, el querellante afirmó: «Si eso fuese cierto, como tesis de defensa, el exdiputado Lavín no estaría en prisión preventiva. Eso es absolutamente falso».
Desde la querella sostienen que cuentan con declaraciones de funcionarios y evidencia documental sólida que acreditaría que tanto las bases de datos como el trabajo realizado por personal financiado con fondos públicos tenían objetivos electorales claros.
