La trama judicial que sacude al Poder Judicial suma un nuevo capítulo crítico. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago una segunda ampliación de querella dentro del llamado caso Vivanco, apuntando directamente al abogado Gabriel Moisés Silber Romo.
¿Por qué el CDE decidió imputar al socio del estudio Lagos, Vargas & Silber? Según el documento judicial, el organismo sostiene que el jurista no solo alegó personalmente en causas donde los fallos habrían sido adquiridos ilícitamente, sino que además estuvo presente cuando la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez, anticipó de manera ilegal un resultado favorable para el consorcio CBM.
Detalles de la ofensiva judicial del CDE
Esta acción penal fue interpuesta formalmente por el procurador fiscal de Santiago, Marcelo Chandía Peña. Con este movimiento, Silber queda oficialmente bajo la lupa de la justicia por los delitos de soborno y lavado de activos, complejizando aún más la situación legal de su oficina jurídica.
El avance del CDE se integra a una serie de acciones legales previas iniciadas en meses anteriores. En noviembre y diciembre de 2025, el consejo ya había interpuesto querellas contra otros socios del estudio: Eduardo Lagos Herrera y Mario Vargas Cociño, además de la propia Ángela Vivanco, quienes ya formaban parte de la investigación en curso.
¿Cuál es el estado actual de la causa?
La estrategia del Consejo de Defensa del Estado busca esclarecer la red de influencias y transacciones irregulares vinculadas a la exministra. Mientras la justicia evalúa los nuevos antecedentes presentados por Marcelo Chandía, la investigación se concentra en determinar el grado de participación de Gabriel Silber y el resto de los abogados involucrados en los fallos comprados que habrían beneficiado a privados, marcando un precedente clave en el avance de las causas de corrupción judicial en Chile.
